Shinzo Abe propone reformar la ley militar para permitir el rescate de japonenes en peligro

• La propuesta llega tras la decapitación de un periodista japonés por el EI
• Japón ya modificó su Constitución para ofrecer ayudar militar a sus aliados
• El Ejecutivo ha elevado los niveles de seguridad dentro y fuera de sus fronteras

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, durante una reunión en el parlamento de Tokio.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha propuesto este lunes una reforma del marco legal que permitá que el ejército japonés pueda actuar en el rescate de ciudadanos del país que se encuentren en peligro en el extranjero. Esta idea llega un día después de que el grupo yihadista autodenominado Estado Islámico (EI) anunciase la decapitación de un periodista japonés después de varios días de tensas negociaciones para su liberación.

Durante una reunión del parlamento, Abe ha manifestado su deseo de modificar la legislación este mismo año para levantar la prohibición que impide realizar vuelos militares fuera de territorio japonés para ayudar a sus aliados cuando estén siendo atacados.

La modificación del concepto de autodefensa colectiva, contemplado en el Derecho Internacional, supondría el cambio más significativo en la política militar del país desde que el ejército japonés se rearmase hace 60 años, después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial.

Más seguridad, dentro y fuera del país

Asimismo, Abe ha anunciado el refuerzo de las medidas de seguridad tanto dentro del país. "Estamos trabajando para garantizar la seguridad de los japoneses en el extranjero y tomaremos las medidas para prevenir el terrorismo en Japón. Elevaremos todavía más la alerta y la seguridad en las instalaciones importantes", ha afirmado Abe.

A raíz de las amenazas de EI, las autoridades japonesas han decidido elevar el nivel de alerta en los principales aeropuertos, infraestructuras de transporte público y otras instalaciones sensibles del país.

También se han intensificado las medidas de seguridad en las embajadas niponas en Oriente Medio, mientras el Ministerio de Exteriores ha recomendado a los japoneses no viajar a Siria ni a Iraq ni a otros países "en alerta máxima".

El primer ministro también ha expresado el "dolor profundo" por el fallecimiento de Goto y de Haruna Yukawa, el otro rehén nipón ejecutado por EI el pasado 24 de enero, y "a pesar de todo el esfuerzo que hizo el Gobierno para salvarlos".

"Nunca perdonaremos este acto cruel e inhumano"

"Nunca perdonaremos este acto cruel e inhumano. Japón cooperará con la comunidad internacional para asegurarnos de que pagarán por su responsabilidad", ha afirmado Abe al comienzo de la reunión su socio de Gobierno, el partido Nuevo Komeito, en la que han discutido la situación de seguridad en el país.

Abe ha destacado que la única forma de hacer frente al terrorismo es trabajando junto a la comunidad internacional y estableciendo mecanismos para garantizar la seguridad de los japoneses.

"Si no caminamos juntos porque tememos a los terroristas pasará lo que quieren estos despreciables", ha declarado el primer ministro.

El pasado 17 de enero el primer ministro Abe anunció en El Cairo durante una gira por Oriente Medio que Japón donaría 200 millones de dólares en ayuda humanitaria a los países de la región que combaten la expansión del EI y que están acogiendo en sus territorios a millones de refugiados.

Poco después, el grupo terrorista envió un primer vídeo en el que exigió a Tokio 200 millones de dólares a cambio de no asesinar a Goto y a Yukawa.

Japón retoma el militarismo

El Gobierno de Japón ya aprobó el pasado mes de julio una polémica modificación de su Constitución pacifista, adoptada tras la Segunda Guerra Mundial, que le permite ofrecer ayudar militar a sus aliados si estos son atacados.

Los cambios afectaron al Artículo 9 de la Carta Magna, que hasta entonces impedía el uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales.

De acuerdo con la nueva redacción, Japón puede ejercer el llamado derecho de autodefensa colectiva si "la existencia del país se ve amenazada y existe un claro peligro de que se vean anulados los derechos del pueblo a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". Para ello, el Ejecutivo deberá contar con el visto bueno del Parlamento.