La Agencia Tributaria destapa una trama de fraude en el IVA de hasta 40 millones de euros
- Hay 25 detenidos en la operación, que se desarrolla en varias localidades
- La red operaba con productos informáticos y de telefonía
Los detenidos en la gran operación contra el fraude de IVA denominada "Flash" y cuyo importe podría ascender a 40 millones de euros, son once empresarios españoles, entre ellos el cabecilla de la trama, han informado a EFE fuentes de la investigación.
La operación iniciada esta mañana y que sigue abierta se está llevando a cabo en la capital de Madrid, y las localidades de Alcorcón, Nuevo Baztán y Coslada, aunque también se prevén detenciones en otras Comunidades Autónomas.
Según las fuentes consultadas, durante la operación se han registrado cinco domicilios en Madrid y se ha requisado mucha documentación, aunque se prevé continúen los registros y los arrestos hasta sumar cerca de 25.
El fraude por IVA de esta red empresarial podría ascender a entre 30 y 40 millones de euros y el Juzgado número de 3 de Alcorcón, que se ha hecho cargo del caso, ha decretado "secreto de las actuaciones", según fuentes jurídicas.
La operación "Flash" se está llevando a cabo en colaboración con Vigilancia Aduanera, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) y la Agencia Tributaria.
Sociedades pantalla
El fraude se produjo, al parecer, a través de la colocación de sociedades interpuestas que operaban con la importación y venta de productos de electrónica e informática y el cabecilla de la trama ha sido detenido esta mañana en su domicilio del sureste de Madrid.
Los once detenidos son empresarios que utilizaban sus compañías como pantalla para controlar otras empresas que en muchos casos tenían sede europea y en las que ponían a testaferros.
El hecho de que la operación de compra de productos informáticos se produjera dentro de la UE hacía que estas empresas se beneficiaran de ventajas fiscales y no pagaran IVA.
Se trataba de un entramado empresarial muy complejo, ya que la mercancía objeto del fraude viajaba directamente desde países de la UE a almacenes logísticos españoles que, a su vez, la remitían a los comercializadores finales. Para llevar a cabo el fraude al IVA, se interponían una serie de sociedades creadas en otros países europeos y en España.