Hacienda acusará por delitos fiscales a los arquitectos que reformaron la sede del PP

• La Agencia Tributaria se persona como perjudicado por los pagos en negro
• A través de la Abogacía del Estado, que dirigirá su acusación contra el estudio

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal (derecha) y el minsitro de Sanidad, Alfonso Alonso (izquierda).

La Abogacía del Estado se ha personado en el caso Bárcenas, en el que se investiga una supuesta contabilidad B del PP, para representar a la Agencia Tributaria como perjudicada por delitos fiscales atribuibles a la empresa de arquitectura Unifica en las obras de reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Agencia Tributaria comunicó el pasado martes a la Abogacía del Estado que apreciaba posibles delitos en esta actuación y pidió que se personara en la causa, lo que ha hecho esta mañana mediante la presentación de un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga estos hechos.

De este modo, la Abogacía del Estado accede al ofrecimiento de acciones que el pasado día 2 le hizo el juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, para representar como perjudicada a Hacienda a la luz del último informe de Unidad de Auxilio de la Agencia Tributaria (AEAT-ONIF), que analiza la documentación correspondiente a trabajos y obras ejecutados por Unifica Servicios Integrales, empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado en la causa.

A la vista de éste y otros informes sobre las obras de reforma de la sede el PP, Ruz consideraba en esa resolución que podríamos estar "ante uno o más delitos contra la Hacienda Pública", falsedad docuemntal y falsedad contable, cometidos por la empresa en estos trabajos al no declarar el Impuesto de Sociedades y el IVA, por lo que la Agencia Estatal de Administración Tributaria figuraría como perjudicada por ellos.

Al mismo tiempo que hizo el ofrecimiento de acciones a la Abogacía del Estado, el juez citó a los peritos de las Unidades de Auxilio judicial de la AEAT-ONIF y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) los días 9 y 11 de febrero para que ratifiquen los informes que han emitido sobre este asunto.

1,7 millones supuestamente pagados en negro

En un informe del pasado mes de octubre, la Agencia Tributaria elevaba en 1,7 millones de euros el dinero en negro que supuestamente pagó el PP por las obras de reforma de su sede nacional en la calle Génova, al constar que en 2006 pagó con 750.095 euros procedentes de "fondos ajenos al circuito económico legal" las obras en la planta baja.

Ese informe ampliaba otro anterior en el que Hacienda analizaba en primer lugar, al no estar prescrito en esos ejercicios el delito fiscal, la facturación por las obras ejecutadas de 2008 en adelante en otras plantas y en las que también constató diferencias entre las cantidades que figuran en las facturas requeridas al partido por esos trabajos y las incautadas a la empresa Unifica.

Según ese informe, esas diferencias de facturación fueron de 211.160 euros en la segunda planta, de 256.426 en la tercera, de 217.879 en la cuarta y de 274.880 en la quinta.

Esas cantidades sumaba 960.345 y a eso se añadieron después los 750.095 euros de diferencia en facturaciones en la planta baja, lo que equivale a un total de 1,7 millones de euros, superando en 812.000 euros, los 888.000 euros que el extesorero Luis Bárcenas reflejó en la contabilidad paralela como pagos a Unifica.

Según el auto de noviembre, sólo una parte de estos fondos (184.000 euros) "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, mientras que el resto (566.095,04 euros) no aparecía en sus manuscritos.

Además de los asientos consignados por Bárcenas, "otra parte", según el magistrado, "habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar", tras lo cual se pudo aplicar "un descuento".