Las empresas cotizadas ahorraron 4.000 millones por pagar tarde a pymes y autónomos

• La plataforma contra la morosidad denuncia que no se sancione el retraso
• Afirman que el PP no cumple el compromiso de fijar un régimen sancionador
• El plazo de pago en el sector privado es de 85 días, frente a los 60 legales

La Bolsa de Madrid.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha asegurado que las empresas que cotizan en Bolsa están incumpliendo la ley por valor de 68.000 millones de euros y ha calculado un ahorro, en 2014, de 4.000 millones "por pagar tarde", principalmente a pymes y autónomos.

El presidente de PMcM, Antonio Cañete, ha presentado un decálogo de Tolerancia cero contra la morosidad y ha invitado a políticos de todo el arco parlamentario a adherirse al manifiesto y a sumarse a un "gran pacto de Estado" para acabar con esta lacra, que desde el inicio de la crisis ha provocado el cierre de 400.000 empresas, la mayoría pymes.

Cañete también ha dicho que en el caso de las empresas del IBEX 35 la morosidad en 2014 ascendió a 48.000 millones de euros y ha insistido en que el 35% de los beneficios de las cotizadas son "por pagar tarde o incumplir la ley".

El PP no cumple su compromiso

El presidente de PMcM ha recordado que la exigencia de un reglamento sancionador a las empresas es una iniciativa que se remonta al año pasado y ha denunciado que el PP haya incumplido su compromiso de ponerla en marcha, algo que ha vinculado a "intereses políticos", y aquí ha recordado los 4.000 millones de ahorro de las cotizadas.

Cañete ha remarcado que su denuncia sobre la morosidad de las empresas procede de los informes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "datos públicos a disposición de todo el mundo", ha dicho.

El líder de la plataforma también ha pedido "sanción y prisión" para la empresa que no cumple y ha insistido en la transparencia: "si dejamos una pequeña fisura, la morosidad es como un gas noble, se escapa por esa fisura".

Además, ha abogado por mecanismos que hagan que las empresas "ya no morosas sino morrosas" cumplan los plazos máximos de pago a proveedores: 30 días en el caso de las administraciones públicas y 60 en el entorno empresarial.

Régimen sancionador para las empresas

Ha precisado que el régimen sancionador es solo para las empresas dado que las administraciones públicas han hecho una ley para actuar en el caso de que no se pague en plazo.

Cañete ha valorado que haya plazos de pago fijados por las administraciones públicas pero ha denunciado que la información se esté dando de forma desvirtuada y existan "triquiñuelas" para alterar los plazos, por lo que ha insistido en "la plena transparencia".

El responsable de la plataforma también ha querido dejar claro que los plazos que marca la ley distan mucho de la realidad. En este sentido y según su último informe, el plazo medio de pago del sector público está en 111 días frente a los 30 que marca la ley mientras que en el sector privado la tardanza media es de 85 días aunque la normativa establece 60.

El manifiesto recoge otras propuestas como la implantación de medidas coercitivas de intermediación extrajudicial, un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a las subcontratas y un Observatorio contra la Morosidad.