Enlaces accesibilidad

Imputada en el 'caso Mercurio' la secretaria de Organización del PSC por malversación

  • Imputan también a ocho altos cargos de la Federación de Municipios catalana
  • A todos ellos se les acusa de malversación de fondos públicos

Por
La secretaria de organización del PSC, Assumpta Escarp
La secretaria de organización del PSC, Assumpta Escarp.

La jueza que investiga el caso Mercurio de presunta corrupción y tráfico de influencias, Beatriz Faura, ha imputado a la secretaria de organización del PSC, Assumpta Escarp, y ocho altos cargos de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).

Escarp está imputada por la pieza separada del caso relativa al regalo de relojes por valor de 190 euros por unidad a un total de 70 miembros de la dirección de la FMC, que en 2011 dejaron el cargo.

La investigación apunta que los relojes se pagaron con unas partidas presupuestarias destinadas a formación, por lo que se acusa a los imputados de malversación de fondos públicos.

Imputados ocho exalcaldes de Barcelona y Tarragona

Junto a Escarp, la titular del Juzgado número 1 de Sabadell ha imputado a ocho exaltos cargos de la FMC, que deberán declarar los próximos días 2 y 3 de marzo.

Se trata de los también socialistas Miquel Àguila, exalcalde de Balaguer (Lleida), Helena Arribas, exalcaldesa de El Vendrell (Tarragona), y Conxita Campoy, alcaldesa de Malgrat de Mar (Barcelona).

Al listado se suman Toni Morral (ICV-EUiA), exalcalde de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Pere Muñoz (ERC), exalcalde de Flix (Tarragona), Víctor Ros (PPC), exalcalde de Sant Andreu de Llevaneres (Barcelona), Antoni Soy (ERC), exalcalde de Argentona (Barcelona) y ex secretario general de Industria de la Generalitat, y Juan Antonio Vázquez (PSC), exalcalde de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

En declaraciones a La Xarxa y con relación a otras cuestiones del caso Mercurio, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha indicado que a los concejales de su partido imputados en el marco de esta investigación por dietas presuntamente irregulares no se les puede hacer "ningún reproche", porque, a su juicio, lo que hacían en la Federación de Municipios catalana era "absolutamente legal".

"En el peor de los casos estaríamos hablando de un error administrativo, que creemos que no se ha dado", ha añadido.