Ordenan investigar a dos exdirectivos de Hacienda por la 'amnistía' a evasores del HSBC en 2010

• La Audiencia de Madrid obliga a admitir una querella presentada por Gestha
• La querella fue interpuesta contra exdirectivos de la Agencia Tributaria en 2010
• Les acusan de un supuesto delito de prevaricación administrativa
• Habrían permitido eludir penas de cárcel a decenas de defraudadores

Logotipo de la Agencia Tributaria.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar la actuación de dos exdirectivos de la Agencia Tributaria por haber permitido a cientos de evasores fiscales con cuentas en el banco suizo HSBC regularizar su situación en 2010, en lugar de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación que podría haberles llevado a afrontar, incluso, penas de cárcel.

En un auto, la Audiencia Provincial insta al Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid a admitir la querella presentada por el Sindicato de Técnicos de Economía y Hacienda (Gestha) contra la exdirectora del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, María Dolores Bustamante Esquivias, y contra el exdirector del Departamento de Inspección de la AEAT, Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo. A su vez, decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de don Juan Manuel López Carbajo.

La querella presentada por Gestha lo es por un supuesto delito de prevaricación administrativa por la actuación de estos directivos al conocer en el año 2010 que personas de distintos ámbitos tenían cuentas con elevados fondos en el banco HSBC de Suiza.

Entonces, los titulares de las cuentas descubiertas gracias a la información obtenida de las autoridades tributarias francesas -a raíz de la lista Falciani- recibieron un aviso para que regularizaran sus cuentas de manera voluntaria antes del 30 de junio de ese mismo año 2010. Gracias a ese proceso, la Agencia Tributaria ingresó 260 millones de euros. La mayor parte de esa cantidad, unos 200 millones, procedieron de la familia Botín.

Desde Gestha se denunció entonces el trato de favor que, aseguran, la Agencia Tributaria dio a los presuntos defraudadores con depósitos en Suiza por considerar que los pequeños contribuyentes carecen de una segunda oportunidad para regularizar sus obligaciones fiscales. Así que el sindicato llevó el caso a los tribunales, pero el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid no admitió su querella.

Presunto delito de prevaricación administrativa

"La querella es por un supuesto delito de prevaricación administrativa basado en que la AEAT, cuando conoció que destacadas personas de distintos ámbitos tenían cuentas con elevados fondos en el banco HSBC de Suiza, optó por enviarles un requerimiento de cumplimiento de obligaciones formales para que en el plazo de 10 días hábiles presentasen declaraciones complementarias por el IRPF y, en su caso, por el impuesto de patrimonio", recuerda la Audiencia.

De esta forma, se señalaba en la denuncia, se permitió que sus posibles delitos fiscales no pudieran ser castigados, en lugar de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación conforme a las pautas de actuación de la AEAT, por las que "si la administración entendiese que existían indicios de delito deberían ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de la autoridad judicial".

Sin embargo, el Juzgado de primera instancia decidió archivarla en agosto de 2013 porque, sostenía, debe existir una "resolución administrativa" para apreciar un delito de prevaricación, y la comunicación que enviaron Cervantes y Bustamante para informar a los delegados regionales de cómo proceder con los evasores no cumplía ese requisito.

La Audiencia cree, por el contrario, que sí lo cumple porque esa comunicación fue "un acto administrativo que supone una declaración de voluntad de contenido decisorio y que afecta a los derechos de los administrados o a la colectividad en general".