La Audiencia rechaza excarcelar a Santi Potros por riesgo de que vuelva a delinquir

• La sala entiende que el etarra "en cualquier momento puede darse a la fuga"
• Está acusado de ordenar el asesinato de Burón Barba y otro atentado mortal
• Entre sus condenas figura ordenar la masacre en el Hipercor de Barcelona

El exdirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola (Santi Potros)

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del exdirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, de salir de prisión al considerar que sigue habiendo riesgo de fuga, así como un "claro peligro" de que la banda terrorista cometa de nuevo actos terroristas y el etarra vuelva a delinquir.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia rechaza el recurso del abogado de Santi Potros y diputado de Amaiur, Iker Urbina, contra la prisión del etarra dictada el pasado enero por su implicación en dos atentados de 1986 y 1987.

El histórico dirigente de la banda está en la cárcel por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que le envío a prisión por dos causas que tiene pendientes y por las que fue detenido el 20 de enero, 45 días después de ser excarcelado en virtud de la normativa europea que redujo su pena por el tiempo de condena que ya había cumplido en Francia.

La defensa de Santi Potros alegaba que no existe en absoluto riesgo de que el etarra se fugue porque no huyó del país cuando se le excarceló, a pesar de que se difundió en medios de comunicación que iba a ser detenido de nuevo.

Añade que aunque se le condenara por las dos causas, las nuevas condenas no supondrían más tiempo de estancia en prisión porque ya ha cumplido con el máximo de 30 años que marca la ley.

Sin embargo, la sala entiende que Santi Potros "en cualquier momento puede darse a la fuga" aprovechando "la infraestructura personal y material que aún conserva la organización terrorista ETA".

Responsable del comando Madrid

Además, incide en el "claro peligro de comisión de nuevos actos terroristas" por parte de ETA, "de la que no consta que el recurrente haya renegado ni se haya distanciado", por lo que "subsiste también el riesgo de reiteración delictiva" del exdirigente de la banda.

Las causas pendientes de Arrospide, que ha pasado un total de 28 años en prisión, son el intento de asesinato del que fuera fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba en 1986 en Madrid y la muerte de Juan Fructuoso Gómez un año después por la explosión de un coche bomba en Barcelona.

Andreu acusa a Arrospide de ordenar al comando Madrid asesinar a Burón Barba, ataque que no se produjo porque los terroristas se quedaron dormidos el día en que debían activar la bomba, el 8 de mayo de 1986.

Según el juez, Santi Potros era en ese momento responsable del comando Madrid y le habría encargado "personalmente" la comisión del asesinato, tal y como se desprende de la declaración que prestó ante el juez uno de sus miembros y de la documentación que se le incautó a Arrospide tras su detención en Francia en 1987.

En la documentación figura una relación de jueces y fiscales entre los que se encontraba señalado con una marca Burón Barba, así como su dirección y una fotografía.

Asesinato con coche bomba

La segunda causa investigada es el atentado cometido en 1987 por el comando Barcelona de ETA con un coche bomba al paso de un vehículo de la Guardia Civil en la ciudad condal, por el que está procesado por delitos de atentado, asesinato, lesiones, estragos, uso ilegítimo de vehículo y falsificación de matrícula.

Santi Potros, explica el juez, dirigía también este comando y proporcionó a sus miembros las instrucciones y los materiales necesarios para hacer explosionar un coche bomba en la noche del 2 de abril de 1987 al paso de un vehículo de la Guardia Civil ocupado por dos agentes.

Como consecuencia de la explosión, murió Juan Fructuoso, que se encontraba en las inmediaciones, y resultaron heridos dos guardias civiles y cuatro personas más.

Entre sus condenas figura ordenar la masacre en el Hipercor de Barcelona en 1987, en la que murieron 21 personas, y su implicación en el atentado en la plaza de la Republicana Dominicana de Madrid, que costó la vida a 12 guardias civiles un año antes.