Profesionales liberales piden reducir a un tercio los cargos públicos para combatir la corrupción

• Catedráticos, abogados, jueces, arquitectos y sociólogos, entre otros
• Constituidos en torno a la plataforma Sociedad Civil contra la Corrupción
• Piden la destitución de imputados y la limitación de los aforamientos

La corrupción en España supone el desvío de entre 10.000 y 40.000 millones de euros.

Un grupo de 28 profesionales liberales, en su mayoría juristas, constituidos en torno a la plataforma Sociedad Civil contra la Corrupción, han planteado hoy 99 medidas de "efectiva aplicación contra la corrupción", como la reducción a un tercio de los cargos públicos y la supresión de asesores.

En un acto celebrado en la Universitat de València, y de forma simultánea en Madrid, se ha presentado la iniciativa por un grupo de catedráticos, abogados, jueces, arquitectos, altos funcionarios y sociólogos, con el respaldo de la catedrática de Ética Adela Cortina o los jueces Manuela Carmena y Pedro Viguer, entre otros. Entre los firmantes del texto figuran también el juez Vicente Ríos o la abogada Ana Móner.

Entre sus propuestas se reclama la estricta regulación de las subvenciones a sindicatos y patronales, mayores penas a los políticos que delincan en el ejercicio de su cargo, cambios en la forma de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la imposibilidad de sustituir a un fiscal que investigue casos de corrupción.

Piden la destitución de los cargos imputados

En un documento de 30 folios se detallan medidas relacionadas con el fortalecimiento de la función pública y el control de la administración, propuestas electorales como las listas abiertas y limitación de permanencia en cargo público a 8 años, la destitución de los cargos imputados o la prohibición de que empresas con contrato vigente con la administración hagan donaciones a partidos.

También se detallan medidas contra la evasión y los paraísos fiscales que pasan por implicar a los servicios secretos en la detección de corruptos, la publicación de listas de empresas y personas implicadas en casos de corrupción o la aplicación de tasas a los movimientos de capitales desde países considerados paraísos fiscales.

En el ámbito social, se propone la supresión del copago farmacéutico para pensionistas y discapacitados, la supresión del contrato negociado sin publicidad o que las empresas condenadas por corrupción sean castigadas con diez años sin poder optar a contratos públicos.

En el ámbito judicial se contempla aumentar el número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 por cada 100.000.

Reclaman la limitación del aforamiento

Asimismo, se reclama la limitación del aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo, una reforma del código penal que permita la colocación de dispositivos electrónicos que permitan la grabación de conversaciones privadas de investigados tanto en la vía pública como en sus domicilios u otros lugares cerrados y la instalación de software que permita de forma remota el examen de un contenido de un ordenador sin conocimiento de su titular o usuario.

Para la puesta en marcha de estas medidas, esta plataforma reclama la implicación de los partidos pero también "la vertebración social", según Adela Cortina, que ha criticado insistentemente la "desmoralización" que produce la corrupción y ha abogado por hacer valer las "sinergias" que puedan surgir del ámbito universitario, empresarial y político.

Para José María Tomás y Tío, presidente de la Fundación por la Justicia, estas 99 propuestas "no son soluciones", sino que deberán ser asumidas por la ciudadanía y los partidos y su cumplimiento verificado en un observatorio que, según ha explicado, se deberá constituir entre todas las asociaciones que quieran implicarse en este proceso regenerador.

Otro de los firmantes, el catedrático de Economía Aplicada y expresidente del ICO, Aurelio Martínez, ha explicado que la corrupción en España supone el desvío de entre 10.000 y 40.000 millones de euros, lo que supone entre el 1 y el 3,5 por ciento del PIB.

Esta plataforma es una iniciativa que surge en Valencia, en el seno de la Fundación por la Justicia, y que pretende "invitar a los partidos a adoptar este catálogo de mínimos, nacido de la exigencia de la ciudadanía para forzar un compromiso firme contra la corrupción, segunda causa de preocupación de los españoles".