La derecha francesa presenta una moción de censura por la aprobación de la ley Macron

• La oposición, encabezada por UMP, se niega a la aprobación de la ley Macron
• El Ejecutivo galo había usado un atajo constitucional para darle luz verde
• La moción de censura se votará el jueves y tiene pocas opciones de prosperar

El primer ministro francés, Manuel Valls, en la Asamblea Nacional.

La conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP), primer partido de la oposición en Francia, ha presentado una moción de censura contra el Gobierno después de que el Ejecutivo recurriera a un atajo constitucional para aprobar la ley de liberalización económica, conocida como ley Macron, sin votación en la Asamblea Nacional.

La moción de UMP, que cuenta a priori con escasas opciones de prosperar en virtud del reparto de fuerzas parlamentarias, se someterá a votación el próximo jueves.

Si fuera adoptada, el Gobierno debería dimitir, mientras que, de ser rechazada, la ley para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades (llamada ley Macron, por el ministro de Economía, Emmanuel Macron) quedaría aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional y pasaría al Senado.

"Vacía de cualquier reforma económica real"

La UMP denuncia en el texto de su moción el "paso por la fuerza" que representa el ardid constitucional del primer ministro, el socialista Manuel Valls, que no había sido utilizado desde 2006, cuando lo hizo el entonces jefe de Gobierno, Dominique de Villepin.

Según este partido, encabezado por el expresidente francés Nicolas Sarkozy, la ley Macron "está vacía de cualquier reforma económica real".

Hasta el momento, la centrista UDI y el exaliado gubernamental Frente de Izquierdas, así como el ultraderechista Frente Nacional, ya han mostrado su intención de sumarse a la moción, mientras que los Verdes se han situado del lado del Ejecutivo.

El polémico proyecto de ley, del que disienten algunos parlamentarios socialistas, contempla iniciativas para ampliar -de cinco a doce- los domingos en los que los comercios pueden abrir en las zonas turísticas, la desregularización de ciertas profesiones como los notarios o la liberalización de sectores como el transporte público en autobús.