El Supremo cita a declarar como imputados a Chaves y Griñán por el 'caso de los ERE'
- Además de los dos expresidentes andaluces cita a tres exconsejeros
- Acudirán a declarar también José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno
- El instructor reclama a la Junta documentos en relación con las ayudas
- El PSOE rectifica y señala que les pedirá su acta si se les imputa un delito
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El instructor del caso ERE en el Tribunal Supremo ha citado como imputados a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los otros tres aforados nacionales presuntamente implicados en la causa -los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno- para declarar entre el 7 y el 21 de abril. Además, el alto tribunal ha pedido numerosa documentación al Gobierno andaluz sobre la concesión de las ayudas investigadas entre los años 2000 y 2012.
El magistrado Alberto Jorge Barreiro ha citado "en calidad de imputado" a Griñán para el 9 de abril y a Chaves para el día 14 de ese mismo mes mediante una providencia [.pdf] de tres páginas hecha pública este martes. El instructor tomará declaración a Viera el 7 de abril, a Zarrías, el día 16, y a Moreno el 21 de abril. Actualmente todos son diputados del Congreso por el PSOE menos José Antonio Griñán y Mar Moreno, que son senadores socialistas.
Los cinco habían solicitado comparecer voluntariamente ante el alto tribunal por lo que su imputación, para poder acudir acompañados de abogado, era una decisión que se esperaba desde hace meses. El Supremo no les imputa ningún delito de momento y no será hasta después de sus declaraciones cuando el juez decida si sigue adelante con la investigación para pedir el suplicatorio al Congreso y al Senado si ve indicios.
Este es el argumento que esgrimen los cinco aforados para señalar que las informaciones que les señalan como imputados son "desafortunadas y equivocadas", en una nota remitida a los medios este mismo martes.
El PSOE, que en un principio había dicho que no les exigiría entregar su acta de diputados y senadores hasta que no se abriera juicio oral contra ellos, ha rectificado y asegura que lo hará si se les imputa algún delito. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reiterado la posición que viene mantienedo sobre este asunto y que, cuando el juez impute un delito a alguien, "esa persona tendrá que entregar el escaño".
En concreto, el instructor cita a Griñán en relación con los actos que realizó en el desempeño de sus funciones como Consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) y presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía (2009-2013) "con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas" de Andalucía "así como las prestadas a personas físicas". A Chaves en relación a su época como presidente andaluz (1999-2009), a Viera por su época de consejero de Empleo (2000-2004) y a Gaspar Zarrías y Mar Moreno por el puesto de consejeros de Presidencia entre 1996-2009 y 2010-2012, respectivamente.
El Supremo abrió una pieza para investigar si malversaron
La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, elevó al Tribunal Supremo la parte que afectaba a estos cinco aforados el pasado mes de agosto.
En noviembre, el Supremo decidió abrir una pieza para investigar si contribuyeron a la creación o el mantenimiento del sistema que presuntamente permitió a la Junta de Andalucía conceder ayudas al margen de la legalidad durante más de 12 años. Unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación, según argumentó entonces el alto tribunal.
Además de citar Chaves, Griñán, Viera, Zarrías y Moreno, el instructor del caso de los ERE en el Supremo ha pedido numerosa información sobre las ayudas investigadas.
Barreiro ha pedido a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda- que le informen sobre los temas que se trataban en los llamados "consejillos", unas sesiones previas al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que presidía el consejero de Presidencia de turno para abordar qué temas se iban a aprobar.
El instructor quiere saber en concreto los temas "relativos a las modificaciones presupuestarias, a los planes anuales de controles financieros, al anteproyecto de presupuestos confeccionado por la Consejería de Economía y Hacienda, y a cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, así como a personas físicas, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2012, ambos inclusive.
El instructor reclama información sobre los ERE a la Junta
En la providencia, el magistrado reclama a la Junta de Andalucía los documentos que se firmaron desde las Consejerías de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa con las propuestas de anteproyecto de presupuestos de cada uno de estos 13 años. Igualmente reclama al Gobierno andaluz los documentos firmados por la persona que tenía las competencias presupuestarias en el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y en la Agencia de la Innovación y el Desarrollo de Andalucía (IDEA) que le sustituyó.
El magistrado reclama también los documentos que acrediten que los documentos anteriores entraron en la Consejería de Economía y Hacienda.
La Junta de Andalucía también tendrá que enviar a Alberto Jorge Barreiro los escritos mediante los que el consejero de Economía y Hacienda remitió el anteproyecto de presupuesto al Consejo de Gobierno para cada uno de los años del periodo 2000-2012 y la certificación de los acuerdos del Consejo de Gobierno de Andalucía en los que se decidió remitir el proyecto de la ley de presupuestos al Parlamento autonómico en estos 13 años.