Un tribunal francés anula el arbitraje que indemnizó al empresario Tapie con 403 millones

• El caso se juzgará en un nuevo proceso a partir del 29 de septiembre
• La justicia sospecha que el arbitraje fue un simulacro a favor del millonario
• Uno de los árbitros designados por Lagarde hizo negocios con Tapie

El empresario francés, Bernard Tapie, en una imagen de archivo.

El Tribunal de Apelación de París ha dictaminado que el empresario Bernard Tapie tendrá que devolver la indemnización de 403 millones de euros que recibió en 2008 por la venta de algunas de sus empresas expropiadas después de que el Estado recurriera a un tribunal privado de arbitraje.

Los magistrados invalidaron ese arbitraje privado requerido por la administración pública para poner fin a dos décadas de litigios en la justicia ordinaria, y estipularon que Tapie deberá devolver la indemnización antes de que se celebre un nuevo proceso a partir del próximo 29 de septiembre.

A partir de ese día, se examinará el dossier completo tras el recurso fallado este martes e interpuesto en 2013 por el Consistorio de Realización, un organismo encargado de gestionar la herencia del banco Crédit Lyonnais.

Un simulacro fraudulento

La justicia sospecha que el arbitraje fue un "simulacro" fraudulento en favor del controvertido empresario, imputado en este caso por estafa en banda organizada junto con su abogado, Maurice Lantourne, y uno de los jueces, Pierre Estoup.

En el mismo caso se encuentra procesada la actual directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, que ejercía entonces como ministra francesa de Economía, bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, y quien fuera su director de gabinete y actual presidente de Orange, Stéphane Richard.

El caso se inició cuando en 1993 el entonces banco público Crédit Lyonnais vendió en nombre del Estado la empresa de equipamiento deportivo Adidas, que había sido expropiada a Tapie.

Arbitraje privado

El empresario consideró, años más tarde, que la venta se había efectuado por un importe muy inferior a su precio de mercado, por lo que reclamó una indemnización por el perjuicio económico y moral que había sufrido.

Tras años de pleitos, Lagarde dispuso cerrar el contencioso con un arbitraje privado, algo poco corriente cuando están involucrados poderes públicos, puesto que este tipo de casos se sustancian en la justicia ordinaria.

Eso provocó la apertura de otra investigación judicial en la que se descubrió que uno de los jueces árbitros designados por Lagarde había hecho negocios con Tapie, por lo que se encuentra procesado.