Libertad con cargos para el director de Seguridad Ciudadana de Melilla en la Operación Tosca

• La Guardia Civil detuvo a 15 personas en Melilla, Málaga, Canarias y Madrid
• Se investiga un supuesto fraude en contrataciones públicas
• En total, el procedimiento judicial afecta a 35 personas

El director general de Seguridad Ciudadana de Melilla, Gregorio Castillo llega al juzgado.

El director general de Seguridad Ciudadana de Melilla, Gregorio Castillo, ha sido puesto en libertad con cargos este miércoles tras prestar declaración ante el juez por su presunta implicación en una trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos por la que fueron detenidos este martes Castilla y otras 14 personas.

Además de Castillo, entre las personas que han quedado en libertad con cargos se encuentran la gerente de la sociedad pública Promesa, Carolina Gorgé, un trabajador de esta misma sociedad, y tres de los responsables de dos de las empresas investigadas, Himosa y Eulen.

Según han informado a Efe fuentes policiales, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, Francisco Ramírez Peinado, ha decretado la misma medida para todas las personas a las que ha tomado declaración este miércoles, que son la mayoría de los detenidos este martes.

En total, la Guardia Civil detuvo a quince personas en Melilla, Málaga, Madrid y las Palmas de Gran Canaria.

El procedimiento afecta a 35 personas

En total, el procedimiento judicial afecta a 35 personas, ya que, además de los quince detenidos, el juez irá citando en los próximos días a varias personas para que presten declaración en calidad de imputados.

Entre los implicados, según las fuentes, hay políticos y técnicos de la ciudad autónoma, así como responsables de varias empresas, fundamentalmente relacionadas con el sector del agua y la seguridad, a quienes se relaciona con presuntos delitos contra la administración pública, como prevaricación, malversación, fraude y cohecho.

El objeto de la investigación, que inició la jueza María José Alcázar, anterior titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, es el de esclarecer las presuntas irregularidades de determinados órganos de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de contratación pública.

Supuesta "concertación" entre empresarios y funcionarios

Aunque inicialmente la instrucción se centró en los contratos menores -aquellos que no exceden los 18.000 euros para la prestación de servicios o 50.000 euros para las obras-, que eran supuestamente fraccionados para eludir la contratación mediante concurso, se ha ampliado al resto de contratos en los que sí habría sido necesario un procedimiento público.

Para los investigadores, existen indicios de que podría haberse producido una "concertación previa" entre los responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la administración autonómica para determinar el resultado del concurso.

Todo ello, según las fuentes, con la connivencia entre las personas físicas y jurídicas encartadas y los responsables de la Administración contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios "recíprocos", en perjuicio del erario público.

La investigación, en la que participan agentes del Grupo de Delitos contra la Administración, dependientes de la Unidad Central Operativa (UCO), está realizando, además, el análisis patrimonial de los implicados, especialmente de los responsables públicos.