Citan como imputados a tres consejeros de Melilla por el supuesto fraude en contratos

• Son los consejeros de Economía y Hacienda, Medio Ambiente y Seguridad
• Se investiga una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos

Agentes de la Guardia Civil terminan el registro de la sede de la sociedad pública Proyecto Melilla.

El juez que instruye la casa por una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos en Melilla ha citado a declarar como imputados en los próximos días a tres consejeros del Gobierno de Melilla.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, Francisco Ramírez Peinado, cita en concreto a los consejeros de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, el de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, y el de Seguridad Ciudadana, Francisco Calderón.

Se trata de los responsables de tres áreas del Gobierno melillense que están bajo sospecha, según han informado fuentes judiciales a Efe, por su relación con empresas del agua (Hispagua), electricidad (Himosa) y seguridad (Eulen).

En total, la causa, denominada Operación Tosca, investiga a 35 personas, 15 detenidos más 20 citados como imputados, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y cohecho.

Seis detenidos quedan en libertad

Seis de los quince detenidos quedaron este miércoles en libertad con cargos, entre ellos el director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, la gerente de la sociedad pública Promesa, Carolina Gorgé y responsables de las empresas Eulen e Himosa.

El magistrado que instruye la causa tiene previsto continuar esta tarde con la toma de declaraciones de los detenidos.

Estas imputaciones se producen solo dos días después de que el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, negara una trama de corrupción en Melilla, aunque al mismo tiempo admitiera que podía haber "irregularidades administrativas" como en cualquier administración.

Investigación sobre un presunto fraude

Se da la circunstancia de que en una operación similar, denominada Ópera, también fue detenido el consejero de Medio Ambiente, mientas que el de Economía y Jacienda también fue imputado.

El objeto de la investigación, que inició la jueza María José Alcázar, anterior titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, es el de esclarecer las presuntas irregularidades de determinados órganos de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de contratación pública.

Aunque inicialmente la instrucción se centró en los contratos menores -aquellos que no exceden los 18.000 euros para la prestación de servicios o 50.000 euros para las obras-, que eran supuestamente fraccionados para eludir la contratación mediante concurso, se ha ampliado al resto de contratos en los que sí habría sido necesario un procedimiento público.

Para los investigadores, existen indicios de que podría haberse producido una "concertación previa" entre los responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la administración autonómica para determinar el resultado del concurso.

Todo ello, según las fuentes, con la connivencia entre las personas físicas y jurídicas encartadas y los responsables de la Administración contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios "recíprocos", en perjuicio del erario público.