Registran durante seis horas la Diputación de Huelva por una presunta contratación irregular

• Se investiga un presunto fraude en subvenciones al Plan de Empleo Agrario
• La Policía Judicial ha sacado cajas con documentos que serán analizados
• También ha registrado las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo

La Policia Judicial guarda una de las cajas con documentación de la Diputación Provincial de Huelva.

La Guardia Civil ha registrado este viernes durante más de seis horas las sedes de la Diputación de Huelva y del Servicio Público de Empleo Estatal a raíz de una denuncia de dos particulares sobre posibles irregularidades en contrataciones a un trabajador en Tharsis (Huelva) con cargo a fondos del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

Los agentes de la Policía Judicial han sacado de la Diputación de Huelva diferentes cajas con documentación que ahora tendrá que ser analizada con más detenimiento, en el marco de las diligencias judiciales que se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha indicado en un comunicado que ha sido el Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino (Huelva), que instruye la causa, el que ha ordenado entradas y registro en la sedes de ambas instituciones en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en ayudas y subvenciones públicas.

La investigación que lleva a cabo la Policía Judicial por orden judicial se inició hace aproximadamente un año a raíz de la interposición de dicha denuncia, que además de las contrataciones de un trabajador se centrarían en la adquisición de materiales en Tharsis, pedanía perteneciente al municipio de Alosno (Huelva).

Ayudas y subvenciones públicas

La investigación judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario, trata de determinar si se han podido hacer contrataciones de forma irregular con cargo a ayudas y subvenciones públicas del Plan de Fomento de Empleo Agrario y si éstas se han podido destinar a fines distintos.

Los registros que se están llevando a cabo desde primeras horas de la mañana tienen por objeto la intervención de documentación y de los elementos necesarios para calibrar el alcance del presunto fraude.Hasta el momento no se han producido detenciones ni imputaciones de ninguna persona.

Por su parte, la Guardia Civil continúa cuatro horas después del inicio de las pesquisas en la Diputación de Huelva, que permanece cerrada para los trabajadores, muchos de los cuales esperan en los alrededores de la sede de la institución a la espera de poder acceder a sus puestos de trabajo.

La Guardia Civil, según ha informado la Diputación, está centrando sus labores en la revisión de expedientes de municipios de la comarca del Andévalo y, algunos de la Sierra.

La Diputación de Huelva: "Todo se ha hecho conforme a norma"

El portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación de Huelva, José Martín (PSOE), ha asegurado este viernes, sobre el registro que realiza la Guardia Civil por presuntas irregularidades en los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que por la institución "todo se ha hecho conforme a norma".

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la Diputación, Martín ha destacado que desde la Diputación "se respeta y colabora con la Justicia como ha venido haciendo siempre".

Ha señalado que los técnicos están trabajando a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "facilitar la documentación que se les solicite, en la conciencia absoluta de que en lo que respecta a la Diputación todo se ha hecho conforme a norma".

Ha incidido en que lo que hoy se está haciendo en la sede de la institución es un registro por mandato judicial a raíz de una denuncia que se formuló contra la pedanía de Tharsis, dependiente de Alosno (Huelva), con relación a la gestión del Plan agrario.

Martín ha apuntado que "no es un programa directamente de Diputación, sino de una entidad local menor" y ha recordado que al mismo tiempo también se están llevado a cabo registros en las dependencias del Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE): "Tenemos que colegir de esto que se trata de alguna posible irregularidad en materia de contratación".

“No es un programa directamente de Diputación, sino de una entidad local menor“

Dicho esto ha manifestado que "hasta ahí" puede llegar la Diputación, en "la conciencia de que nuestro trabajo se ha hecho de una manera absolutamente pulcra".

Ha señalado que la labor de la Guardia Civil se está centrando en el servicio relacionado directamente con la gestión del PFEA, y vinculado a éste los de Personal e Intervención.

Tras indicar que "tiene que ser el juez" el que valore si las medidas adoptadas para llevar a cabo el registro, como el cierre de la Diputación, "son justificadas", ha señalado que "desde fuera" les ha perecido "tal vez un exceso porque la Diputación, como institución pública, jamás pondrá dificultades a la hora de poner a disposición cualquier documento que se solicite".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez, en relación al registro en el SPEE, ha señalado que éste se está produciendo, igualmente, a requerimiento del mismo Juzgado en relación a una causa sobre la que pesa el secreto de sumario: "Estamos respondiendo a ella a petición del Juzgado".

IULV-CA y el PP muestran su preocupación

Mientras, en rueda de prensa, el portavoz de IULV-CA de la Diputación de Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha precisado que ante lo sucedido este viernes es necesaria la "prudencia" porque "no se puede analizar el tema sin conocerlo con exactitud, ya que serán los jueces quienes establezcan lo que está pasando" y ha deseado que "detrás de esto no esté pasando nada, y determinación para que se deje actuar a quien tiene que actuar y que se depuren responsabilidades".

También se ha pronunciado el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que ha mostrado su preocupación por la "gravedad" de la intervención y ha precisado que "debe ser un motivo de mucho calado, de mucha trascendencia jurídico-penal, cuando el edificio de la Diputación ha estado tomado literalmente por las fuerzas de seguridad y además no se ha dejado entrar a trabajar a los funcionarios".