AI: "Las políticas del gobierno de España han puesto en riesgo los derechos humanos"

• Denuncia que España vulnera los DDHH de los migrantes en la frontera
• Critica el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad
• "La ley Orgánica de Seguridad Ciudadana ataca la libertad de expresión"

Manifestación frente al Parlament de Catalunya.

La situación de los derechos humanos en España ha tenido un “mal año”, según Amnistía Internacional. La organización denuncia en su informe anual hecho público este miércoles la tendencia del gobierno español a “recortar la libertad de expresión y de reunión” mediante iniciativas legislativas aprobadas el último año, así como la “vulneración de los derechos” de los migrantes y el "uso excesivo de la fuerza" por parte de la policía en Ceuta y Melilla.

Precisamente, uno los capítulos más amplios del informe es el referido al tratamiento de las personas migrantes. Para Amnistia Internacional, España no supera el examen.

Uso excesivo de la fuerza en la frontera

La organización denuncia de nuevo “el uso excesivo e innecesario de la fuerza en la frontera, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a refugiados, migrantes y solicitantes de asilo que, en ocasiones han sido devueltos de manera ilegal”.

“En España una parte de los derechos humanos se han puesto en riesgo por las políticas públicas”, señala el director de la organización en España, Estebán Beltrán. Así lo evidencia, según AI, la muerte de 15 personas en el Tarajal cuando intentaban alcanzar a nado la costa de Ceuta el 6 de febrero de 2014, y los agentes utilizaron material antidisturbios para impedírselo.

Un año y un mes después, 16 guardias civiles acudirán por primera vez como imputados a un juzgado a declarar por esa tragedia. “El Estado no ha cumplido con su labor de investigar. Ya los ha declarado inocentes sin esperar a que la justicia se pronuncie. Sólo puede haber un jucio justo si las autoridades colaboran”, advierte Beltrán.

A su vez, un magistrado de Melilla ha citado a otros guardias civiles por los golpes propinados a un inmigrante que intentaba saltar la alambrada de dicha ciudad el pasado 15 de octubre.

La "ilegalidad" de las 'devoluciones en caliente'

Amnistía Internacional critica que, lejos de cambiar la política migratoria, las autoridades pretenden, mediante una enmienda introducida en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), legalizar las denominadas 'devoluciones en caliente', prohibidas por el derecho internacional.

“Son expulsiones ilegales y sumarias“

“Se busca no cumplir las leyes de forma intencionada. Hacer pasar lo ilegal como legal. Y todo argumentando que entre la valla de España y la de Marruecos hay un lugar en el que se pueden aplicar todas las leyes, menos las de extranjería”, indica Beltrán, que califica estas devoluciones como “expulsiones ilegales” y “sumarias” a Marruecos.

Inmigrantes subsaharianos encaramados a la valla de Melilla. Fuente: REUTERS

Para Amnistía Internacional, "la falta de compromiso" del Gobierno español con la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, queda de manifiesto con este dato: “De los cuatro millones de refugiados sirios, España sólo ha aceptado a 27. En Ceuta y Melilla, como recuerda ACNUR, se está devolviendo o impidiendo entrar a personas que huyen de conflictos y que son potenciales refugiados”.

“La crisis económica ha profundizado la crisis de derechos humanos“

Beltrán señala, además, que “la crisis económica ha profundizado la crisis de derechos humanos”. Y cita a los 873.000 inmigrantes en situación irregular sin tarjeta sanitaria. Y a las 67.000 ejecuciones hipotecarias del último año.

La 'Ley Mordaza' ataca la libertad de expresión

Más allá de las cuestiones migratorias, AI también señala al conjunto de la LOSC, bautizada por sus críticos como 'Ley Mordaza', y tramitada por el Gobierno con el rechazo de toda la oposición parlamentaria. A juicio de la organización es una de las normas que atenta contra las libertades individuales y los derechos humanos. En este sentido, la organización ve con preocupación los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad en las manifestaciones.

“No sólo amplía los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones en las cercanías del Congreso y el Senado, o las limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad”, indica el informe.

"Cualquiera puede ser un terrorista"

Además, para Amnistía Internacional, la reforma del Código Penal también ataca la libertad de expresión y es incompatible con las normas del derecho internacional. “Es tan ambigua e indefinida que cualquier persona puede caber en esa tipología de terrorista”, advierte Estebán Beltrán.

Otro de los grandes retrocesos señalados por la organización en el pasado 2014 se refiere a la lucha contra la impunidad de la que gozan los perpetradores de los crímenes más graves, mediante la reforma de la jurisdicción universal, que limita las atribuciones de las autoridades para investigar crímenes atroces contra las personas cometidos fuera de España.

AI sólo resalta dos aspectos positivos: el impulso de nuestro país para la ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas y la documentación de los crímenes de odio. Pero deja espacio a que el gobierno tenga un papel proactivo en la protección de los derechos humanos a través de su asiento temporal en el Consejo de Seguridad de la ONU durante los próximos dos años.