Los peritos ratifican el informe clave y que considera "fraudulentos" los ERE

• Se han opuesto al contrainforme del expresidente José Antonio Griñán
• Creen que el prescindir del procedimiento legal, puede ser causa de "nulidad"
• Responsabilizan al IFA, la Consejería de Empleo y la de Economía y Hacienda

Los peritos de la Intervención General del Estado han ratificado este miércoles ante la juez Mercedes Alaya el informe en el que califican como "fraudulentos" los ERE y es clave para la acusación contra los 275 imputados, y se han opuesto al contrainforme del expresidente andaluz José Antonio Griñán.

Fuentes judiciales han explicado que los peritos Jesús Ruiz-Ayúcar, Ángel Turrión, Rosa María Hernández y Eduardo Vilaseca han ratificado el informe, elaborado en diciembre de 2013, en el que aseguraron que las ayudas de los ERE en Andalucía prescindieron del procedimiento legal, lo que puede ser causa de su "nulidad de pleno derecho".

Los peritos, que suman 94 años de experiencia en la administración pública, han dicho que el uso de las transferencias de financiación por la Junta de Andalucía para las ayudas sociolaborales es "fraudulento" según la definición de la Real Academia Española de la Lengua: "engañoso, falaz".

En su declaración, han precisado que de las 263 ayudas concedidas por la Junta, sólo 77 eran derivadas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y el resto no tenían que ver con ayudas sociolaborales.

Los responsables de este sistema fraudulento serían, según los peritos, los responsables de la Consejería de Empleo, del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que concedía las ayudas, y la Consejería de Economía y Hacienda.

Problemas en el control de la gestión y el presupuesto

Los peritos han explicado que el sistema de ayudas de la Junta planteaba tres problemas, uno de ellos presupuestario y otro relacionado con el control de la gestión por parte de Empleo de los créditos basados en errores presupuestarios.

Además, han dicho que otro de los problemas es el control de la concesión de las subvenciones porque impedía la fiscalización previa de las ayudas.

Uno de los aspectos en los que se ha centrado la ratificación del informe ha sido en el uso de las transferencias de financiación para las ayudas laborales, que consideran "ilegal".

Los peritos se oponen al informe del abogado de Griñan

El contrainforme presentado en el Tribunal Supremo y aportado al juzgado de Alaya por el abogado de Griñán justifica el mecanismo usado para la concesión de las ayudas sociolaborales de los ERE y atribuye las posibles irregularidades a la Consejería de Empleo.

Los peritos, sin embargo, consideran que "uno de los muchos errores" de este informe con "sesgos" de parte, elaborado por dos catedráticos expertos en derecho financiero y tributario, es cómo justifica el uso de las transferencias de financiación.

La juez, en su primera pregunta a los peritos, les ha cuestionado si se habían leído el informe de Griñán y si les hacía cambiar de opinión, a lo que han contestado que no.

Consideran que la Junta no era competente

En su declaración, los peritos han enfatizado que la Junta de Andalucía no era competente para conceder ayudas sociolaborales porque consideran que es una competencia del Estado.

El abogado de Griñán, José María Mohedano, ha pedido la nulidad de la prueba porque se le causa una "gravísima indefensión" al expresidente andaluz y porque los dos catedráticos no pueden defender su trabajo ante la juez, a la que ha acusado de inventarse que ese informe ya se había aportado a su juzgado por otros dos imputados que él defiende.

En su informe, la Intervención concreta varias decenas de irregularidades, entre ellas que los beneficiarios e importes eran elegidos con criterios "totalmente discrecionales" y las ayudas se concedían sin "resolución motivada".