El Gobierno suprime las tasas judiciales a las personas físicas en todas las instancias jurídicas

• La medida responde a la "reivindicación" del sector, señala Catalá
• Afectará a "todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El Gobierno suprimirá las tasas judiciales a todas las personas físicas "en todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes". Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La medida se incluye en el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social y "no se dilatará su entrada en vigor", ha señalado el titular de Justicia, que ha añadido que de esta forma se ha respondido "a una reivindicación muy extendida entre los profesionales" del sector que pedían su eliminación.

Catalá ha aclarado que se ha podido tomar esta medida gracias al "esfuerzo de la sociedad" y de que ha aumentado la "capacidad recaudatoria del Gobierno".

Esta medida, que ya fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate sobre el estado de la Nación, es una propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y persigue el objetivo de que "ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos" y que la Justicia "esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva.

Eso sí, se mantienen las tasas para personas jurídicas, es decir, para empresas. Preguntado en concreto sobre las pequeñas y medianas empresas, el ministro ha recordado que ya están exentas de pagarlas hasta los 2.000 euros

Oposición a la reforma de las tasas

Este viernes, el Gobierno ha hecho efectiva la eliminación, tres años después de su implantación, de una de las reformas estrella del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. La subida de las tasas o "tasazo" suscitó numerosas críticas entre diversos colectivos que inclusó recogieron firmas a través de internet para pedir que se retiraran.

Varios sectores profesionales, con el Consejo General de la Abogacía a la cabeza, expresaron su oposición a la reforma porque no modificaba la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo.

Además de la revisión del sistema de tasas judiciales, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para racionalizar el reparto de asuntos entre los juzgados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la reforma de la ley del Poder Judicial supondrá "agilizar" los tiempos de respuesta de los tribunales.

Además, con esta reforma, que incluye también otras medidas para luchar contra la violencia de género, se quiere lograr "una mayor profesionalización" de los jueces.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incorporar nuevas tecnologías y un proyecto de ley que regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust.

Medidas para la especialización de los juzgados

En cuanto a la reforma de la Ley del Poder Judicial, se plantean medidas para especializar juzgados de forma temporal y adscribir jueces o secretarios judiciales al juez que esté conociendo de una causa penal compleja. También se incluyen medidas para equilibrar el reparto entre determinados juzgados.

Además, se extenderá la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para asegurar la especialización y facilitar que las víctimas denuncien.

La reforma contempla también medidas para que el juez de Violencia sobre la Mujer mejore la protección a la víctima al encargarse también de los delitos contra la intimidad, contra la propia imagen de la víctima y del delito de quebrantamiento de condena.

El proyecto contempla que los secretarios judiciales pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia y que los Institutos de Medicina Legal se convertirán en órganos multidisciplinares para ofrecer una atención integral.