Los acusados del caso Nóos tienen hasta el 1 de abril para presentar sus fianzas y escritos

• Tras notificar el juez los escritos de acusación y la apertura de juicio oral
• Castro ha impuesto 61,3 millones de euros en fianzas a los 17 acusados
• Los duques de Palma pagarán parte de su fianza con su casa en Pedralbes
• La infanta está imputada como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales

El juez instructor del caso Nóos, José Castro.

El juez del caso Nóos, José Castro, ha fijado el plazo para que los acusados -incluidos Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina- presenten los escritos de defensa y para que presten las fianzas que fijó en el auto de apertura de juicio oral, algo que deberán hacer antes del 1 de abril.

En una providencia dictada este lunes, Castro señala que ya ha finalizado la notificación de los escritos de acusación y del auto de apertura de juicio oral a los 17 acusados en el caso Nóos, incluidos aquellos que solicitaron que les fueran librados en persona, con lo que "procede iniciar el cómputo de los veinte días hábiles" a los que emplazó a los encausados para presentar escritos de defensa y fianzas.

El primer día de plazo para formalizar ambos trámites será el próximo miércoles, 4 de marzo, y el último el 31, de manera que tienen hasta las 15:00 horas del 1 de abril para presentar tanto los escritos como para consignar las fianzas.

Una vez presentados, el juez remitirá a la Audiencia toda la causa, que acumula más de 70 tomos, y su futuro enjuiciamiento entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad -establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados-, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.

Las fianzas de Urdangarin y la infanta

El juez Castro fijó fianzas por responsabilidades pecuniarias que suman 61,3 millones de euros para los 17 acusados.

En el caso de Iñaki Urdangarin, la cuantía que marcó es de 13.646.950 euros (inicialmente la fijó en 14,9 millones pero el magistrado la redujo) y para la infanta asciende a 2,7 millones de euros.

La infanta Cristina, que ya ha consignado casi 600.000 euros, e Iñaki Urdangarin abonarán parte de sus fianzas con el rendimiento que obtengan de la venta de su vivienda en el barrio barcelonés de Pedralbes, una operación pactada en 6,9 millones de euros que está pendiente de un recurso ante la Audiencia de Palma.

El juez Castro aceptó la propuesta de reparto de los beneficios de la venta del "palacete" planteada por Urdangarin, sobre quien ya pesa un embargo anterior, a excepción del pago de una deuda con la Agencia Tributaria por el IRPF de 2009 que asciende a 253.705 euros, un veto que la defensa del duque ha recurrido ante el tribunal provincial.

El magistrado también fijó fianzas de 15,8 millones para el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y su mujer, Ana María Tejeiro; 4,6 millones para el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro; 9,6 millones para el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y 1,2 millones para el abogado que abría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.

Penas solicitadas para los principales acusados

La Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel para 16 de los inculpados -no acusa a infanta-, mientras que el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, reclama ocho años de cárcel para la hermana del rey como cooperadora necesaria de dos presuntos delitos fiscales, una imputación que la Audiencia de Palma mantiene al concluir que contribuyó de forma "innegable e inobjetable" al fraude que supuestamente cometió su esposo a través de Aizoon -la empresa que compartían al 50%- y que se benefició de ello.

Las penas más elevadas que solicita el Ministerio Público son los 19 años y medio de cárcel que reclama para Urdangarin, y los 16 y medio para Diego Torres por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder de forma "directa e inmediata" a los fondos manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

A lo largo de 673 páginas, el fiscal Pedro Horrach desgrana los mecanismos con los que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura "hueca de contenido real" y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para apoderarse del dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".

En su escrito, que ahora deberán rebatir las defensas, Anticorrupción considera que no existen sobre Cristina de Borbón indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que sí habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.

“La vista oral podría alargarse varios meses por la complejidad del caso y el número de acusados y testigos“

La Fiscalía señala que a través de Aizoon Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

Más de 300 testigos previstos para el juicio

Por otro lado, está previsto que más de 300 testigos declaren a lo largo del juicio del caso Nóos, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, y el asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero.

Asimismo, exaltos cargos del último Govern de Matas (2003-2007) como la exvicepresidenta y actual eurodiputada Rosa Estaràs, el exconseller de Turismo Joan Flaquer, la exconsellera de Presidencia Rosa Puig y la exjefa de gabinete de Matas Dulce Linares, también deberán testificar en una vista oral que prevé alargarse durante meses ante la complejidad de las pesquisas, el número de acusados que prevén sentarse en el banquillo, las pruebas a practicar y la elevada cantidad de testigos.