La juez pide a la Junta el expediente del concurso de Aznalcóllar para investigar si hubo fraude

• Acusan de tráfico de influencias a los responsables de la adjudicación
• La empresa que perdió el concurso achaca a la Junta "ocultación y mala fe"

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha solicitado a la Junta andaluza que le entregue el expediente de la adjudicación a Minorbis-Grupo México (filial de Magtel) de la explotación de la mina sevillana de Aznalcóllar para investigar si ha habido un fraude de subvenciones.

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha expresado su respeto por la decisión judicial y se ha comprometido a remitir todo lo que le pidan sobre el concurso minero, según han indicado a Europa Press fuentes de la Junta.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, la instrucción judicial se lleva a cabo tras la denuncia presentada por la empresa Emérita Resources España, que acusa de prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias a los responsables de la mesa de contratación que llevaron a cabo esta adjudicación.

La juez ha pedido a la Policía Judicial (UDEF) que investigue los hechos para saber si se ha podido cometer algún delito.

El grupo Emerita presentó la semana pasada en el juzgado sevillano una denuncia ante la sospechas de prevaricación, tráfico de influencias, fraude e irregularidades en ese proceso, y pidió al juez que requiriese el expediente completo del concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Denuncian que no es un caso aislado

En concreto, denunciaba la actitud de "ocultación y mala fe" de la Junta por no facilitarle el expediente completo de la adjudicación para "conocer los informes y criterios de valoración, y poder comparar las ofertas presentadas y ver si se ajusta a dichos informes y valoraciones".

La empresa sostiene que es ilegal que no se le proporcione dicha información porque "no existe ningún dato que pueda considerarse secreto conforme a las leyes y mucho menos cuando concluyó la segunda fase, en la que quedaron dos empresas, y ya no había posibilidad de variar las ofertas".

Según la denuncia, todas estas "irregularidades no son un caso aislado sino que se engloban en una práctica habitual de la Consejería de Industria a la hora de adjudicar las concesiones mineras".

De hecho, asegura que la adjudicataria del concurso Minorbis, filial de la empresa cordobesa Magtel, "no tiene ninguna experiencia en minería y no cuenta con medios ni personal especializado ni con conocimientos en la materia, aunque ha obtenido numerosas concesiones de la Consejería en materia de telecomunicaciones, energías renovables y similares".

También llama la atención sobre el "entramado societario" y la "opacidad de funcionamiento" que hay detrás de Minorbis, cuyos "dueños son también del grupo Magtel", fue constituida de forma unipersonal pocos días antes de la presentación de la oferta, y se inscribió en el registro mercantil nueve días después de finalizar el plazo para formalizar la oferta.

La Junta defiende la actuación de sus funcionarios

Ante esta denuncia, la Consejería defendió en un comunicado la semana pasada que los funcionarios públicos "han actuado con absoluta probidad, plena independencia de criterio, ajenos a eventuales influencias externas, motivando su decisión en Derecho y conforme al pliego regulador del concurso".

"Su honestidad y la completa legalidad de su actuación no admiten sombra de sospecha alguna y la Junta de Andalucía actúa y actuará con absoluta contundencia para defenderlas y dejar indubitada la imparcialidad de su decisión", quiso dejar claro el gobierno autonómico.

No es este el único contencioso legal en torno a Aznalcóllar. La semana pasada la Junta presentó una demanda en la que reclamaba 90 millones de euros a Boliden, la empresa que gestionaba la mina cuando se produjo un vertido tóxico en 1998, por el coste de la restauración ambiental de la zona.

El complejo minero de Aznalcóllar ocupa una superficie de casi 950 hectáreas y cuenta con unos recursos de 35 millones de toneladas constatadas, y otros 45 millones probables de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata.