El Gobierno recurre al Tribunal Constitucional la ley catalana de acción exterior

• Asegura que vulnera los artículos 149 y 97 de la Constitución
• La Constitución reserva al Estado esas competencias en exclusiva
• En su recurso, solicita también se suspenda esa ley catalana

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anuncia que el Gobierno recurre al TC la ley catalana de acción exterior.

El Gobierno ha acordado este viernes la presentación de un recurso contra varios preceptos de la ley catalana de acción exterior al Tribunal Constitucional, al que ha solicitado la suspensión de la norma.

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado en rueda de prensa que el Consejo de Ministros ha acordado la interposición del recurso al entender que esos preceptos vulneran la Constitución,  que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales y establecen que compete al Gobierno de la nación dirigir la política exterior.

Se recurren en concreto 17 artículos de la norma catalana, cuatro del Título Preliminar (del 1 al 4), y otros trece del resto de la ley, han indicado fuentes del Ejecutivo.

Son los que consideran a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español (artículos 5 al 9), el 26, relativo a las relaciones con otros países, más allá del ámbito de las relaciones con la UE, así como los que regulan la representación de la acción exterior catalana (del 29 al 33) y la diplomacia catalana (del 34 al 38).

El pasado 28 de noviembre, el Parlamento catalán aprobó el proyecto de ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, que el Gobierno de Artur Mas definió como un paso más en las "estructuras de Estado" de este territorio.

El Gobierno ya presentó otro recurso por la acción exterior de Cataluña

El Gobierno suma además a este recurso ante el Tribunal Constitucional la impugnación, el pasado 6 de febrero, por vía de la jurisdicción contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de los decretos del Gobierno catalán por los que se abrían delegaciones en Roma y Viena, al considerarlos contrarios a la Ley de Acción Exterior del Estado.

La apertura de estas dos "embajadas" se añadía a las que la Generalitat tiene en Washington, Londres, París, Berlín y Bruselas, y formaba parte del proceso para reforzar la acción exterior del ejecutivo de Artur Mas.

Sáenz de Santamaría ha explicado que la ley de acción exterior catalana vulnera en concreto los artículos 149 y 97 de la Carta Magna y va en contra también de la doctrina del Tribunal Constitucional.

"Menoscaba" la competencia estatal

Los fundamentos del recurso, según la vicepresidenta, son que la ley catalana considera a la Generalitat como actor internacional al margen del Estado español, algo que "vulnera la capacidad de la acción exterior del Estado reservada a él precisamente por la Constitución".

Además, conculca el principio de unidad de la acción exterior, "al invadir o, al menos, menoscabar" la competencia estatal para la puesta en ejecución de la política internacional, ha argumentado Sáenz de Santamaría.

A juicio del Ejecutivo, el texto recurrido busca desarrollar una "diplomacia pública" de Cataluña y, como Cataluña no es un Estado, "no tiene capacidad para establecer esas relaciones diplomáticas".

Sáenz de Santamaría ha recordado que aunque el Estatuto de Cataluña contempla "algunas funciones de proyección exterior", éstas deben respetar "en todo caso" las competencias estatales.

El Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado el preceptivo dictamen, que fue aprobado el pasado 4 de marzo, han informado fuentes de esta institución.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado consideró que existían fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra los artículos de la ley catalana que el Gobierno quiere impugnar.