El Senado aprueba la reforma del Código Penal con los únicos votos favorables del PP

• Se tipifica como delito la financiación ilegal de partidos
• El PP rechaza con su mayoría absoluta los siete vetos contra la reforma

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, a su llegada a la sesión de control al Gobierno.

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de reforma del Código Penal con los votos a favor del PP y el rechazo de toda la oposición a un texto que se ha remitido al Congreso, ya que en el trámite de la cámara alta se han introducido unas 130 enmiendas, que se suman a las 300 incorporadas por la baja.

Tras más de seis horas de debate, el pleno ha rechazado primero los siete vetos: dos del grupo mixto, dos de la Entesa, uno de PNV, otro de CiU y otro del PSOE a una reforma que la senadora popular Rosa Vindel ha dejado claro que ni retirarán, ni pedirán "perdón" por ella. "Estamos muy orgullosos de él", ha enfatizado.

Después de la votación de las enmiendas, el resto del proyecto ha quedado aprobado por 148 votos a favor, 89 en contra y una abstención.

En el trámite del Senado, los grupos han presentado 1.024 enmiendas, pero muy pocas quedaron "vivas" para el debate en pleno, que ha comenzado a las 13.40 horas y ha finalizado a las 20.55 horas.

Financiación ilegal de partidos como delito

Fuera ya de la polémica inclusión de la prisión permanente revisable, que ha sido rechazado de plano por todos los grupos de la oposición al entender que se trata de una cadena perpetua, el texto suprime las faltas, tipifica como delito la financiación ilegal de partidos y eleva a 16 años la edad mínima de consentimiento sexual, entre otras medidas.

Durante la sesión de este miércoles, se han incorporado varias enmiendas transaccionales como la pactada entre el PP y el PSOE que permitirá paralizar los derribos de viviendas ilegales en la zonas costeras hasta que los propietarios tengan asegurado el cobro de indemnizaciones.

El acuerdo, que se ha adoptado en base a una enmienda previa presentada por el grupo socialista, establece que el juez puede, una vez "oída la administración competente, condicionar temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago" de las indemnizaciones.

Todos los grupos han dado su respaldo a otra transaccional, con base de una de la Entesa y otra del Grupo Mixto, por la que además de castigar la resistencia y desobediencia grave a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones (de tres meses a un año de cárcel), serán sancionados con una multa de uno a tres meses aquellos que "falten al respeto y consideración debida a la autoridad".

Califican de "retrógrada" la prisión permanente revisable

Otra novedad incorporada en el Senado por todos los grupos se refiere a la trata de seres humanos y tipifica como delito la que tiene como fin la explotación laboral, que será castigada como el resto -la sexual, la extracción de órganos o los matrimonios forzados- con entre cinco y ocho años de cárcel.

Mientras que los senadores del PP que han intervenido han defendido la necesidad de esta reforma que, según ellos, da respuesta a una demanda social -de hecho, han citado la encuesta del diario El País según la cual los españoles respaldan la prisión permanente revisable-, los de la oposición la han tachado de injusta, innecesaria, retrógrada y partidista.

Hasta el punto de que el senador socialista Antonio Rodríguez Esquerdo ha asegurado que "ni Franco ni Primo de Rivera se hubieran atrevido a ir tan lejos".

Y otra crítica unánime de la oposición ha sido el alejamiento del texto del principio constitucional de que las penas deben servir para la reinserción y resocialización del condenado.