El Gobierno flexibilizará el canon ferroviario para fomentar la entrada de competidores de Renfe

• El denominado canon de acceso a la red ferroviaria será suprimido
• El Ejecutivo aprueba el anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, conversa con la ministra de Fomento, Ana Pastor.

El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario, un texto que -entre otras medidas- flexibiliza el canon que las compañías ferroviarias deben pagar a Adif por circular por las líneas de tren y utilizar las estaciones, con el fin de fomentar la entrada de empresas privadas que compitan con Renfe.

En concreto, el texto recoge la supresión del denominado canon de acceso a la red ferroviaria, el que se paga por entrar a operar en la red ferroviaria, "con lo que se elimina una importante barrera de entrada al sector", según ha subrayado la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha dicho que se pretende aprobar durante el mes de abril tras el periodo de audiencia.

Asimismo, el texto legal modifica el resto de cánones de Adif, "muy complejos y que no incentivan la actividad", según Pastor, e introduce un régimen de bonificaciones en estos peajes "para que quienes realicen una mayor actividad tengan mayor retorno", ha detallado la ministra.

Esta eliminación del canon de acceso se anuncia en un momento en que está pendiente la publicación de los pliegos para que los operadores privados puedan acceder a operar trenes en el corredor entre Madrid y la costa levantina en competencia con Renfe antes de que concluya la legislatura.

Según el sector, una de las principales barreras existentes actualmente para que empresas privadas se puedan plantear participar en este proceso liberalizador es el alto coste de los cánones aplicados por Adif. Hasta este momento, según destacó Pastor, un total de 27 empresas privadas han obtenido una licencia para operar trenes en España, ya sea en servicios de mercancías -ya liberalizados- como en pasajeros.

Entre el resto de novedades que la Ley introduce para fomentar la competencia figura la obligación de los operadores ferroviarios de aportar información contable al Ministerio, que deberá diferenciar la actividad de mercancías y de viajeros, la liberalización de los servicios que se prestan en terminales ferroviarias de mercancías y el impulso del papel de los puertos.

Agencia de Seguridad Ferroviaria

Con la nueva ley el Ejecutivo persigue aumentar la oferta de servicios ferroviarios, lo que se traducirá según el Ejecutivo "en una mejora de la calidad y accesibilidad". Además, según la ministra de Fomento, Ana Pastor, se optimizará el uso de las "excelentes" infraestructuras del país.

De esta forma, se busca "establecer un marco jurídico que permita seguir desarrollando un modelo ferroviario de máxima calidad", según informó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Con la nueva ley, el Gobierno también aglutinará y actualizará toda la actual normativa ferroviaria, transpondrá normativa europea sobre la materia y "reforzará" los mecanismos de seguridad a través de la Agencia Seguridad Ferroviaria, que comenzará a operar el próximo 1 de abril y que será independiente del Ministerio de Fomento y de Adif.

Planificación de las infraestructuras ferroviarias

Según el Ejecutivo, con la ley se refuerzan los mecanismos para una planificación "rigurosa" de las infraestructuras ferroviarias, exigiendo que existan las fuentes de financiación suficientes, para lo que se establecen tres instrumentos.

Fomento desarrollará la 'Estrategia Indicativa' como instrumento de planificación de la infraestructura (desarrollo, mantenimiento y renovación), a partir de la cual los administradores de infraestructuras (Adif, Adif-AV) elaborarán un 'Programa de Actividad', que deberá recoger la previsión de actuaciones a realizar y una previsión orientativa de sus cánones para los próximos cinco años.

Asimismo, Fomento y Adif suscribirán un convenio que establecerá los objetivos a alcanzar por el administrador de infraestructuras ferroviarias y las aportaciones económicas del Estado.

A partir de ahora, se inicia un trámite de audiencia pública a todos los actores del sector, con objeto de asegurar el mayor consenso posible, y, tras el análisis de todas las alegaciones recibidas, se elaborará un nuevo texto que se remitirá en abril al Consejo de Estado y, posteriormente, al Consejo de Ministros para su aprobación como Proyecto de Ley y su remisión al Congreso.

Nuevos cánones

En concreto, en virtud de la nueva ley, Renfe y estas empresas privadas que quieran prestar servicio de transporte de carga o viajeros en tren tendrán que abonar a Adif, empresa pública titular y gestora de las infraestructuras ferroviarias, tres cánones por usar las vías y otros cinco por utilizar otros servicios.

Los cánones por uso de las vías son el canon por adjudicación de capacidad (por el 'slot', el tramo de vía y el horario por el que Adif le autorice a prestar servicio), el canon por utilización de la vía y el canon por utilización de instalaciones de energía (por suministro de energía eléctrica para la tracción de los trenes).

Las empresas podrán beneficiarse de las bonificaciones anunciadas por Pastor en función de la actividad que realicen en los dos primeros de estos cánones.

En cuanto a los cánones o peajes a pagar por el resto de servicios, incluyen el canon por uso de estaciones de viajeros, el canon por cambio de ancho de vía (instalaciones para que los trenes pasen de una línea de AVE a una convencional), el canon por utilización de vías con andén, el canon por utilizar vías en otras instalaciones de servicio y el canon por utilización de puntos de carga para mercancías.

Según la nueva Ley, Adif deberá plasmar una "previsión orientativa" el importe de sus cánones para un periodo de cinco años, siguiendo así un sistema similar al de los aeropuertos y la aviación.