Los subinspectores de Trabajo y Seguridad Social podrán controlar la contratación temporal

• La Inspección de Trabajo y Seguridad Social será un organismo autónomo
• También prevé la creación de una nueva oficina de lucha contra el fraude
• Aprobado el anteproyecto de Ley de reforma de la Inspección de Trabajo

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

El Consejo de Ministros ha abordado este viernes el informe sobre el anteproyecto de Ley de reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que, entre otras cuestiones, prevé extender la capacidad de controlar la causalidad de los contratos temporales, el trabajo ilegal de menores y la prevención de riesgos laborales, de los 964 inspectores de trabajo a los 836 subinspectores.

El anteproyecto de reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -que supone la actualización de la normativa vigente, que data de 1997- establece también que dejará de ser una dirección general para ser un organismo autónomo que prestará servicio tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas y que tiene como objetivo establecer un modelo "perdurable, fuerte y moderno" y que "propicie la cohesión territorial".

En este sentido, el anteproyecto mantiene las dos excepciones que existen en la actualidad, que son Cataluña y País Vasco, que iniciaron el traspaso de la función inspectores en 2010 y 2011, respectivamente. En este caso, desde Empleo aseguran que "se respetan y se mantienen las competencias" de estas comunidades, pero "se refuerza la colaboración".

Una vez entre en vigor la nueva ley, la Inspección de Trabajo estará presidida por el titular del Ministerio de Empleo y contará con un Consejo Rector, con presencia de todas las administraciones públicas implicadas y de las comunidades autónomas.

Este consejo tendrá entre sus funciones la aprobación de un plan integral de objetivos, que incluirá la estrategia de la inspección, el presupuesto y los recursos personales. También se establecerán comisiones operativas en cada comunidad autónoma que realizará los planes de objetivos específicos para esa región y que se integrarán posteriormente en el plan global para todo el territorio nacional.

Se crea una oficina nacional de lucha contra el fraude

El anteproyecto de Ley establece, además, la creación de una oficina nacional de lucha contra el fraude dentro del organismo autónomo Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En esta oficina contará con la presencia de todos los organismos implicados en la lucha contra el fraude laboral y tendrá funciones de detección del fraude y que servirá de enlace con la plataforma europea contra el trabajo no declarado.

Será el 'cerebro' que configure mapas de fraude y se apoyará en unidades de actuación especializadas. En este organismo se integrará la unidad específica que se dedicará a la lucha contra el fraude en el ámbito de la formación profesional.

En cuanto a la participación de los agentes sociales, que según Empleo también se ve reforzada, se incluirá la creación de un Consejo General que sustituirá a la actual Comisión Consultiva Tripartita, y que tendrá funciones de información, audiencia y consultas.

El informe sobre el anteproyecto de Ley contempla, por otra parte, incrementar los recursos destinados a la inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Para ello, se creará dentro de la Inspección una nueva escala de subinspectores especializados en seguridad y salud laboral.

Asimismo se establecen garantías de independencia técnica y protección frente a amenazas y coacciones para los miembros de la Inspección.

No incluye la regulación contra el fraude en formación

Por otro lado, el anteproyecto recoge la intención de la Inspección de alcanzar marcos de colaboración con determinadas unidades policiales y con otros cuerpos de funcionarios para mejorar la actividad inspectores.

El objetivo es que estas unidades policiales o cuerpos de funcionarios, como la inspección de sanidad, que realizan actuaciones en centros de trabajo, controlen también aspectos relacionados con el empleo. Así, aunque estos cuerpos no levantaría actas de infracción, sí que podrían informar a la Inspección de Trabajo.

Esta reforma no incluye la regulación de la unidad especial contra el fraude en formación, que irá en otra ley con el objetivo de que "actúe de forma inmediata", aunque acabará integrada en el nuevo organismo autónomo.

Reforma con "coste cero"

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha indicado que esta reforma tendrá "coste cero", porque es en su mayor parte "organizativa".

"Se trata de ser más eficaces", ha dicho, para añadir que los que cambios que se prevén en la Inspección de Trabajo están encaminados a fortalecer la unidad del mercado laboral y a lograr una "actuación más eficaz y uniforme" en el seno de este organismo.

Tras este primer paso por el Consejo de Ministros, el informe será valorado por el Consejo Económico y Social (CES) antes de ser devuelto para su aprobación como anteproyecto de Ley a finales de marzo. La previsión del Gobierno es que su entrada en vigor se produzca en agosto o septiembre "con el mayor consenso parlamentario posible".

Entre las nuevas tipologías de fraude que han ido in crescendo en los últimos años y que justifican la reforma de la Inspección, según el Gobierno, se encuentran la creación de empresas ficticias o la creación de empresas en otros países que operan en España para ahorrar costes.

Esta de las reformas anunciadas por el presidente del Gobierno en el pasado debate sobre el estado de la nación e incluida en el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento y el empleo, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales el pasado 29 de julio de 2014.

UGT y CC.OO. han valorado en un comunicado el anteproyecto de Ley, si bien ha considerado que "quedan aún aspectos importantes que deben ser corregidos" en el marco del Diálogo Social durante su próxima tramitación como proyecto de Ley.

La futura Ley forma parte también del Programa Nacional de Reformas presentado a las instituciones europeas y del Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (Informe CORA).