El juez Castro propone juzgar a Jaume Matas por el proyecto de la ópera de Calatrava

• Por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad
• El magistrado ve indicios de que la adjudicación buscaba aparentar legalidad
• El expresidente balear, según el auto, viajó a Roma para encargarle el proyecto

El exministro y expresidente de Baleares, Jaume Matas.

El juez José Castro ha propuesto que se juzgue al expresidente balear Jaume Matas por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en la adjudicación y presentación de un proyecto para construir el teatro de ópera que encargó al arquitecto Santiago Calatrava.

Castro ha dictado el auto de pase a procedimiento abreviado con el que da por concluidas las indagaciones respecto a la adjudicación del diseño de un gran teatro operístico para Palma por parte de Matas al arquitecto valenciano y sobre los trabajos ordenados por el Govern para la presentación del proyecto, que se suspendió por orden de la junta electoral.

Matas anunció exactamente un mes antes de las elecciones autonómicas de 2007 la construcción frente a la catedral de Palma, en la zona del muelle viejo, de un edificio emblemático dedicado a la representación de óperas que iba a costar, "como mínimo", 100 millones de euros.

Por el diseño y la maqueta, el estudio de Calatrava cobró del Govern 1,2 millones de euros por orden directa de Matas, mientras que para la presentación frustrada del proyecto se pagaron 100.000 euros repartidos en ocho facturas, un fraccionamiento que, según admitió en su declaración, autorizó, por indicación del presidente, la secretaria general de la Vicepresidencia del Govern, Jane King, cuya imputación ha sobreseído el juez instructor.

Matas viajó a Roma para encargar a Calatrava el proyecto

Castro ya retiró a mediados del año pasado las imputaciones que pesaban sobre el arquitecto y otros altos cargos del Govern que declararon durante la instrucción, entre ellos el exconseller de Educación y Cultura Francesc Fiol.

El juez, que da diez días a la Fiscalía y las acusaciones particulares de la Comunidad Autónoma y el PP para presentar sus escritos, relata en su auto que Matas viajó a Roma en marzo de 2006 para encargar a Calatrava el proyecto, un desplazamiento que, destaca, costó a las arcas públicas 5.124 euros.

En el encuentro se cerró el precio por el anteproyecto de teatro y reordenación del muelle viejo de Palma, así como por dos maquetas, un encargo que se confirmó en otra entrevista de febrero de 2007 y cuyo horizonte eran las elecciones de mayo, puesto que el objetivo del líder del PP balear era "determinar hasta donde pudiera el voto del electorado".

"Ya completamente finalizado el encargo y muy cercana la previsible fecha de la convocatoria a las urnas surge la necesidad de revestir jurídicamente la contratación", incide el juez, que pone de manifiesto un cúmulo de irregularidades derivadas del cumplimiento de la orden de Matas, para lo que se pagaron informes privados insuficientes para avalar la adjudicación directa y se forzaron otros de funcionarios con el mismo propósito.

Indicios de que el proceso buscaba aparentar legalidad

Castro recoge en su auto numerosos indicios de que el proceso administrativo solo buscaba dar apariencia de legalidad a una adjudicación irregular y llama la atención sobre detalles como que el entonces conseller Francesc Fiol, que supervisó los trámites y los pagos a Calatrava, no sabía quién recibió el anteproyecto por el que el arquitecto cobró 1 millón de euros ni reprodujo el soporte informático que supuestamente lo contenía.

También incide en que una de las dos maquetas que aportó Calatrava ni siquiera fue desembalada y la otra se le devolvió porque, pese a que el Govern pagó por ella 60.000 euros, había aceptado la cláusula en la que se determinaba que era propiedad del autor del proyecto, que también ha reclamado la primera.

Otro detalle que destaca el juez instructor es que el instituto de infraestructuras autonómico que asumió la contratación del proyecto se hizo cargo también del IVA de las facturas emitidas por el arquitecto, que ascendió a 165.500 euros.

Las últimas irregularidades de todo el proceso descrito por Castro se refieren al fraccionamiento de los 100.000 euros que costó montar la carpa donde se iba a celebrar la presentación que la junta electoral prohibió, unos trabajos que Matas ordenó encargar antes de que se formalizarla la contratación de Calatrava, "para que a la ceremonia no le faltara un detalle", indica.

El trabajo se encargó a empresas cuyas conexiones "son escandalosamente evidentes" para poder abonarlo con contratos menores y evitar la concurrencia de diferentes sociedades y los controles administrativos, asegura Castro.