BFA y Bankia depositan la fianza de 800 millones y reclamarán a la antigua cúpula su parte

• Reclamarán a los cuatro exconsejeros que respondan con su patrimonio
• BFA y Bankia pidieron retirar la fianza por "lesiva" y "prematura"
• El FROB recurrió apelando al daño que podría ocasionar a los accionistas

Sucursal de Bankia.

BFA y Bankia han depositado este martes en la Audiencia Nacional la fianza de 800 millones de euros que impuso el juez Fernando Andreu el pasado 13 de febrero en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a las posibles reclamaciones judiciales de los clientes por la salida a Bolsa de la entidad.

Además, reclamarán que respondan con su patrimonio los cuatro exconsejeros que están igualmente obligados a prestar la fianza de forma solidaria: Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú.

Las dos entidades, que cumplen así el mandato del juez, han hecho efectiva la fianza mediante transferencia del importe a la cuenta designada por el juzgado. De las varias alternativas que permite la ley, esta operativa es más sencilla e implica menos costes que cualquier otra.

El depósito de la fianza se ha hecho a pesar de que tanto BFA-Bankia como los antiguos miembros de la cúpula del grupo reclamaron al juez que retirara la fianza, una medida que consideraban "lesiva" y "prematura".

Además, también recurrieron la Fiscalía Anticorrupción y el FROB, personado como perjudicado en el caso Bankia, que censuraron duramente el auto del juez apelando al daño que podría ocasionar una medida así para los accionistas de la entidad, todos los españoles, al tiempo que se unían a las tesis esgrimidas por los imputados sobre las debilidades del informe pericial.

El magistrado había tomado la decisión de reclamar los 800 millones basándose únicamente en el informe de los dos peritos judiciales cedidos por el Banco de España, que cuestionaron las cuentas con las que Bankia debutó en Bolsa.

Andreu veía claro que del trabajo de los dos funcionarios se desprende la comisión de un delito de estafa a inversores tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal, y castigado con hasta seis años de prisión.

La fianza impuesta por el magistrado es resultado de sumar la tercera parte de los 1.800 millones en acciones que Bankia colocó entre particulares más el tercio establecido en la ley para fianzas civiles.