El Gobierno aparta a los agentes sociales de la gestión de los fondos para formación

• La formación se abre a la libre concurrencia del sector privado
• Se reforzarán los controles para evitar los fraudes en los cursos
• Los sindicatos reclaman más protagonismo en la formación

Sindicatos y patronal no gestionarán ni impartirán cursos de formación

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto de reforma de la formación profesional, que deja a las organizaciones sindicales y empresariales fuera de la gestión de los fondos y de la impartición de estas actividades, en una reunión presidida por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya que el presidente Mariano Rajoy, se encuentra en Bruselas participando en la cumbre europea.

El Real Decreto-Ley de reforma de la formación profesional persigue una mejora de la calidad de los cursos para el acceso a empleos más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito.

Para ello, el texto, entre otras cosas, abre la gestión directa de los fondos y la impartición de cursos de formación de oferta -financiada con cuotas, fondos públicos y europeos- a la libre concurrencia y relega a patronal y sindicatos a un papel de planificación de estos programas.

Diálogo sin acuerdo

Esto evitará que, como hasta ahora, los agentes sociales "sean juez y parte" en la formación, según ha explicado la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Este cambio ha imposibilitado el acuerdo con la patronal y los sindicatos, aunque Rajoy ha asegurado desde Bruselas que la reforma nace tras "un largo e intenso diálogo con los agentes sociales".

Báñez ha explicado que la reforma se ha dialogado por las partes "hasta la extenuación" -a lo largo de un año en el que se han sucedido más de 50 reuniones- e incorpora muchas aportaciones de todos".

Además, ha recordado que las empresas siguen pudiendo elegir el impartir, incluso con más "flexibilidad", la formación directamente en su seno, a través de lo que se conoce como formación bonificada. Además, Báñez ha mostrado la vocación del texto de reforzar esta labor en el ámbito de las pymes.

Ahora bien, si en los últimos años se adelantaba la financiación de estas subvenciones directas a las empresa en un 100%, a partir de ahora solo se anticipará el 25% para evitar casos de fraude. El régimen de concesión directa sólo podrá utilizarse en supuestos excepcionales y se posibilitará un sistema de justificación por módulos.

Báñez ha insistido en que la reforma abre la gestión de los fondos de formación de oferta al 100% a la libre concurrencia. Esta medida se ha venido introduciendo progresivamente en la última oferta de formación y las ofertas se han duplicado con una reducción de costes del 20%, según la ministra.

De este modo, el principal papel de patronal y sindicatos en relación con la formación de oferta será ahora el de anticiparse y detectar las necesidades de formación para introducirlas en un escenario de planificación plurianual que garantizará la formación continua de los trabajadores.

Por otro lado, la reforma introduce la cuenta de formación que acompañará al trabajador durante toda su vida laboral y que certificará toda su formación. Además, se creará el cheque formación, con el que el desempleado podrá costear su formación en el centro que prefiera.

Evaluación permanente y sanciones

Otra de las novedades de la reforma es la de introducir procesos de evaluación permanente. "Queremos asegurarnos de que cada euro que se destine se dedica a la formación", ha dicho.

Además, la reforma supone la creación de una unidad especial de inspección en el ámbito de la formación y un incremento de las sanciones para las empresas que utilicen de forma irregular los fondos recibidos. Por ejemplo, las empresas que así lo hagan, no recibirán nuevos recursos en los siguientes cinco años.

Por último, la reforma introducir un sistema integrado de información entre comunidades autónomas y Gobierno en favor de la transparencia, el control y la evaluación permante.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado que se trata de una reforma estructural "de primer orden", a la que se ha dado impulso después de que en los últimos años se hayan conocido, asociados a la formación, "algunos de los casos de fraude más graves y llamativos de la Democracia".

Los sindicatos quieren más protagonismo

UGT considera que "habría sido deseable" mantener el peso de la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, dotar de mayor capacidad a las Comisiones Paritarias para establecer criterios estatales para la formación sectorial, así como exigir mayor calidad para la formación bonificada y para la inscripción de las empresas de formación en el registro del SEPE y autonómicos.

La organización sindical espera que durante el trámite parlamentario se "subsanen" algunas de las carencias de la propuesta del Gobierno y se plasme "con claridad" el protagonismo de los interlocutores sociales.

CC.OO. ha criticado el "mero papel decorativo" que la reforma del sistema de formación profesional para el empleo asigna a las organizaciones sindicales y empresariales, pese a que son ellas las que realmente conocen las necesidades formativas de los sectores, los problemas de competitividad de las empresas y los conocimientos que precisan adquirir o actualizar los trabajadores.

Denuncia que los centros de formación públicos (Universidades, Centros de FP y de Educación de Personas Adultas) siguen siendo relegados a un papel subsidiario, muy por detrás de los centros y entidades privadas de formación, que acaparan el mercado de la formación para el empleo".

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha celebrado que la reforma incluya por primera vez el derecho individual de los autónomos a la formación profesional. Esta definición abre la puerta a que los presupuestos de 2016 fijen una cotización específica y finalista de los autónomos para financiar su formación, cotización que no debería superar el 0,1%, la misma que pagan el resto de trabajadores.

En la misma línea, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) cree que el nuevo modelo garantiza la igualdad en el acceso a la formación junto a los trabajadores asalariados y empresas.