La juez Alaya reprocha a la Junta andaluza su "unidad de intereses" con el PSOE

• Rechaza la nulidad pedida por la Junta en la causa de los cursos de formación
• El gobierno andaluz entendía que la juez se había "autoatribuído la causa"
• La Fiscalía ya avaló la competencia de la juez Alaya para investigar el caso

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE irregulares y otras 'macrocausas'.

La juez Mercedes Alaya ha reprochado a la Junta de Andalucía que en su actuación como acusación particular en el caso de los cursos de formación mantiene una actitud "impropia" y con una "unidad de intereses" respecto a las iniciativas emprendidas por el PSOE contra ella.

Así lo afirma la juez en un auto en el que desestima el incidente de nulidad interpuesto por la Junta y por el abogado del exconsejero Ángel Ojeda, un escrito firmado el 13 de marzo pasado, notificado hoy y al que han tenido acceso Efe y Europa Press.

La juez afirma que la Junta, como acusación particular, debe pretender la investigación de los delitos en los que se haya producido un menoscabo de fondos públicos. Sin embargo, critica que en este caso actúa como la defensa de uno de los imputados "y además coincide con la denuncia que el PSOE, que no es parte en esta causa", interpuso contra ella ante el Consejo General del Poder Judicial, que archivó la queja.

Esa actuación, según Alaya, "evidenciaría un principio de unidad de intereses contrario a la condición de parte acusadora de la Junta de Andalucía y un inexplicable interés en que los hechos sean investigados en otro juzgado, teniendo en cuenta el resultado indiciariamente positivo de otras investigaciones previas".

Anticorrupción se opuso a la nulidad de la juez

La Junta de Andalucía había solicitado la nulidad en una petición a la que ya se opuso la Fiscalía Anticorrupción en un escrito donde reiteraba que la magistrada es competente para instruir esta causa.

Las peticiones de nulidad se basaban en que una vez recibidas en el juzgado las declaraciones de Teodoro Montes, exresponsable de Formación de la Junta y luego testigo protegido, deberían haberse mandado a reparto porque se trataba de hechos distintos respecto a la investigación sobre la formación del "conseguidor" Juan Lanzas derivada del caso de los ERE.

De este modo, y en primer lugar, la Fiscalía Anticorrupción alegó en su escrito que la Junta de Andalucía planteó este incidente de nulidad "sin concretar cómo o dónde se le causa la indefensión", mientras que, en segundo lugar, consideraba que "no se han vulnerado las normas de reparto" porque se trata de una cuestión gubernativa de los jueces y tan competente es un juez como otro.

La Fiscalía, por todo ello, avaló la competencia de la juez Alaya para investigar la causa de los cursos de formación al entender que "actuó correctamente" deduciendo testimonio e incoando diligencias tras recibir el oficio de la Guardia Civil con las denuncias presentadas en agosto de 2013 por el jefe de departamento de Formación Profesional en Sevilla, Teodoro Montes.