Ruz concluye la instrucción de los 'papeles de Bárcenas' y da por acreditada la caja B en el PP

• El juez ve indicios de que tuvo una contabilidad paralela entre 1990 y 2008
• La caja B habría servido "compensaciones" a cargos políticos y campañas
• Propone llevar a juicio a seis personas, entre ellas, Bárcenas y Lapuerta
• Ve responsable civil al PP y a Unifica por el pago en B de la reforma de Génova
• Ruz insiste en que las donaciones al PP no estaban exentas de tributar

Ruz concluye la instrucción de los 'papeles de Bárcenas' y da por acreditada la caja B en el PP

El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha concluido la instrucción de la pieza separada de los 'papeles de Bárcenas' y da por acreditada "indiciariamente" la existencia de una contabilidad paralela en el PP desde 1990 hasta al menos 2008 "nutrida" por donaciones de empresas adjudicatarias de contratos públicos.

Una caja B, al margen de la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas y no declarada ante Hacienda, que habría servido para pagar retribuciones, "complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas al partido", gastos de campañas electorales y sedes del PP, como la reforma de Génova, entre otros gastos, según recoge el juez en un auto de 190 páginas difundido este lunes [Lea aquí el auto del juez Ruz, en .pdf].

El instructor plantea llevar a juicio por esta pieza sobre la contabilidad paralela a seis personas por presuntos delitos fiscales: a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al exgerente 'popular' Cristóbal Páez, y a los responsables de UNIFICA, el arquitecto Gonzalo Urquijo y Belén García, y a la empleada de esta constructora Laura Montero.

En el caso de los exresponsables del PP se les imputa delitos contra la Hacienda Pública por no haber declarado en el impuesto de sociedades las donaciones presuntamente ilegales recibidas por la formación en 2008. En el caso de UNIFICA, supuesto fraude en el impuesto de sociedades de 2007 y el IVA de 2010 en relación a las obras de Génova cobradas en negro, sin perjuicio de la cooperación de los responsables del partido en la comisión de los delitos atribuidos a la constructora.

El juez considera al PP responsable civil subsidiario

El juez Pablo Ruz cifra en 1.552.000 euros el dinero en negro que pagó el Partido Popular a UNIFICA por la reforma de su sede nacional en Madrid. El juez considera tanto al PP como a la empresa responsables civiles subsidiarios por estas obras y en el caso del partido político también por el delito fiscal que habrían cometido Bárcenas, Lapuerta y Paéz por las donaciones.

A Bárcenas y Lapuerta les imputa además un delito de apropiación indebida por incorporar presuntamente a su patrimonio fondos del partido que fueron empleados para la compra de acciones de Libertad Digital.

Finalmente, el magistrado ha archivado la causa respecto a 22 imputados, entre ellos el ex secretario general del PP Ángel Acebes y varios empresarios al no quedar acreditado que hicieran donaciones al PP a cambio de contratos.

Fuentes de financiación "ajenas al circuito económico legal"

El instructor de Gürtel sostiene que durante las cerca de dos décadas investigadas, el Partido Popular "se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas con entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial, "funcionando a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B".

El magistrado de la Audiencia Nacional concluye que existen "indicios sólidos y fundados" de la "realidad de determinadas entradas de fondos dinerarios opacos o en "B" a favor del Partido Popular en los años objeto del análisis (1990-2008) así como de determinadas salidas de dichos fondos (...), permitiendo la existencia y circulación en el seno" de la formación, "a cargo del gerente y tesorero nacional de diversas corrientes financieras de cobros y pagos".

Todo ello "al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública, integrando sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de contabilidades opacas o cajas B".

Pablo Ruz señala que se puede constatar "un sistema de financiación del PP llevado a cabo a través de aportaciones procedentes de fuentes privadas que, de forma sistemática (...), habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidas en la ley", según recoge el auto.

Retribuciones y "compensaciones" por cargo político

Bárcenas y Lapuerta se encargaban de cobrar las donaciones y de fraccionarlas antes de su ingreso en cuentas bancarias del Partido Popular para que no superaran los 60.000 euros permitidos legalmente.

El dinero de este circuito paralelo habría servido para pagar "retribuciones" como las recibidas por Cristóbal Páez, que cobró 12.000 euros en sobres con billetes de 500 euros, o "compensaciones económicas por dedicación a la actividad política" como los más de 86.000 euros que obtuvo el exconsejero navarro Calixto Ayesa.

Con estos fondos se habrían pagado también gastos electorales (al menos de las catalanas de 2003 y las generales y andaluzas de 2004 y 2008) y compensaciones y ayudas a víctimas del terrorismo.

Parte del dinero de la presunta contabilidad paralela habría servido también para el pago de las sedes del PP en Vizcaya y La Rioja y la reforma de la sede central de Génova.

En este último caso, el juez considera probado que los responsables de UNIFICA acordaron con Bárcenas que parte del dinero que costaba la reforma de Génova se pagaría con dinero negro, lo que supondría una rebaja sobre esas cantidades de aproximadamente el 8-10%. La empresa no declaró, según el instructor, el IVA correspondiente a esas partidas ni incluyó estas ganancias en sus ingresos.

Pablo Ruz recuerda que la financiación ilegal no está tipificada

El juez Pablo Ruz recuerda que la legislación española vigente no contempla el delito de financiación ilegal y que el delito de falsedad contable que habrían cometido los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por la gestión en la contabilidad paralela y los delitos electorales en los que habrían incurrido al destinar supuestamente parte de este dinero a sufragar gastos de campañas electorales del PP están prescrito.

Los únicos que no habrían prescrito son los presuntos delitos contra la Hacienda Pública que habrían cometido Bárcenas y Lapuerta y el exgerente Cristóbal Paéz como responsables legales del PP respecto a las donaciones recibidas y los que habría cometido la empresa Unifica por no haber declarado el dinero en negro que recibió por las obras de Génova.

El juez insiste en que las donaciones no están exentas de tributar

El magistrado Pablo Ruz considera al Partido Popular responsable "en un plano incidiario" de un delito contra la Hacienda Pública por no haber declarado en el impuesto de sociedades de 2008 las donaciones ilegales presuntamente recibidas ese año según los papeles de Bárcenas.

En contra de la Agencia Tributaria, que la semana pasada calculó para Ruz que el PP habría dejado de tributar 220.000 euros por este concepto pero que insistía en que no había delito fiscal porque estas donaciones estaban exentas como las de Cruz Roja o Cáritas, el instructor señala que no están libres de declaración.

Ruz señala que estas donaciones no están exentas porque no cumplen con el "criterio de transparencia legalmente marcado" y porque se destinaron a "pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial remitida por el partido al Tribunal de Cuentas".

El instructor señala que de este delito es responsable, según la legislación aplicable en ese momento, "el administrador o responsable legal de la formación política y que las diligencias practicadas identifican a Luis Bárcenas y Cristóbal Paéz, cooperando parcialmente en su comisión Álvaro Lapuerta". El magistrado señala que será en el juicio cuando se concrete si las donaciones están exentas o no de tributación en este caso.

Envía a Toledo la pieza del contrato de basuras

En el auto con el que pone fin a la instrucción de la pieza sobre los 'papeles de Bárcenas', Ruz también decide enviar a un juzgado de Toledo la investigación sobre la adjudicación a la empresa SUFI de un contrato de basuras en el Ayuntamiento de la capital castellano-manchega.

El juez ve indicios de un delito de prevaricación administrativa, pero entiende que debe inhibirse por falta de relación con el resto de la pieza. Según informa en una nota la Audiencia Nacional, el propio Bárcenas ha desvinculado en este caso las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sacyr de la mecánica del funcionamiento de la caja B.

Será en el juzgado de Toledo donde se decida si se debe seguir la investigación, archivar o la posible inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por el aforamiento de algunos de los investigados.