Canarias, Murcia, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, a la cola en equidad educativa

• Un informe de Save the Children relaciona equidad educativa y pobreza infantil
• Según la ONG, más de la mitad de autonomías tienen puntuaciones negativas
• Consulta el informe de Save the Children sobre equidad educativa en pdf

Solo País Vasco presenta niveles "muy altos" de equidad educativa, según Save the Children.

Canarias, Murcia, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha son las regiones de España con más pobreza infantil y también las que registran niveles más bajos de equidad educativa, según un informe presentado este martes por la organización no gubernamental (ONG) Save the Children.

El índice de Equidad Educativa elaborado por la ONG relaciona catorce indicadores para elaborar una clasificación por comunidades autónomas, como el tiempo de permanencia en el colegio en las diferentes etapas, el servicio de comedor, la calidad de las infraestructuras de los centros, el acceso a internet en las aulas o la tasa de abandono escolar y otros de fuera del ámbito escolar.

La organización dedicada a la defensa de la infancia incluye este índice en el informe Iluminando el futuro: invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil, que denuncia que más de la mitad de las comunidades tienen puntuaciones negativas o muy bajas en la calidad de las infraestructuras de los centros escolares.

Tan sólo País Vasco presenta valores "muy altos" de equidad educativa; Madrid, Cataluña, Navarra y Aragón, valores "altos"; Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, "medio bajos"; Ceuta, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Murcia, valores "bajos"; y Canarias y Melilla valores "muy bajos".

Denuncia la reducción del presupuesto en Educación

Sólo siete regiones alcanzan el nivel de servicios educativos y cuidado para niños de 0 a 2 años marcado por la Unión Europea como objetivo para 2020, añade.

En contraposición con la situación de pobreza y desigualdad, esta ONG denuncia la reducción en más de 6.000 millones de euros el presupuesto público destinado a las partidas de Educación entre 2009 y 2014 y asegura que "si al multiplicarse la pobreza se resta la inversión, las cuentas no salen".

"Entre 2007 y 2013, la inversión en políticas de educación ha disminuido de manera importante en todas las comunidades y ciudades autónomas --indica-- A excepción de Navarra, 49 que presenta un incremento del 5,75%, todas las comunidades autónomas han reducido su inversión entre 2007 y 2013. Castilla y León, la Región de Murcia, Canarias y Castilla La Mancha, Asturias y Madrid presentan las mayores disminuciones superiores al 15%".

La inversión familiar aumenta un 30%

De hecho, señala que, de acuerdo con la evolución de los datos de gasto de los hogares entre 2006 y 2013, la inversión familiar en educación ha aumentado más de un 30% (de 276 euros a 360 euros), mientras que otros gastos como vestimenta, mobiliario o mantenimiento del hogar, transporte, ocio y comidas en locales (restaurantes, hoteles y bares) se ha reducido cada una más de un 25%.

El informe vincula la dificultad de acceder a los recursos que ofrece la educación y el origen socioeconómico de los estudiantes con los datos de abandono escolar. Según el informe, uno de cada tres escolares a los 15 años (35%) ha repetido al menos una vez un curso y cerca del 30% de los estudiantes de secundaria no obtiene el graduado de la ESO.

"El hecho de que los costes ocultos de la educación recaigan en las familias cuando éstas no pueden asumirlos, quiebra el principio de igualdad de oportunidades y gratuidad de la educación. La situación socioeconómica de las familias no puede condicionar de manera determinante el acceso de los niños a los conocimientos y competencias que les aporta la educación", subraya.

Políticas sobre el Derecho a la Educación

Por ello, el informe de la ONG insiste en que las políticas que garantizan el acceso universal al Derecho a la Educación, contemplen el proceso educativo "en su perspectiva más amplia".

"Las políticas públicas deberán ser transversales abarcando aspectos tales como el acceso a los conocimientos, la salud, el deporte, las actividades culturales y de ocio y en general a todo aquello que contribuye a la formación y al desarrollo personal", subraya.

De hecho, asegura que las consecuencias de la pobreza sobre la población infantil no se aprecian únicamente en sus resultados académicos (lo que determina sus oportunidades de futuro) sino que afecta también a "su propia autoestima y su formación como persona adulta".

"Si se priva a los grupos de población más vulnerables de la sociedad de la posibilidad de profundizar en su formación, primará la inequidad por mucho que el sistema garantice la escolarización y el acceso a la educación básica", defienden los autores del documento.