Detenidos dos altos cargos de la Junta de Andalucía por los cursos de formación

• La Junta ha cesado a los delegados de Economía de Sevilla y Huelva
• En total, se han practicado 16 detenciones en todas las provincias andaluzas
• Entre ellos, está el exdelegado de Empleo en Sevilla imputado en los ERE

Detenidos dos altos cargos de la Junta de Andalucía por los cursos de formación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a 16 personas, entre ellas una decena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta de Andalucía, y ha imputado a otras cinco, por su relación con el presunto fraude en los cursos de formación impartidos con fondos públicos.

En una operación dirigida por la juez Mercedes Alaya, los agentes han detenido a 14 ex directivos políticos y a dos que ejercen su responsabilidad actualmente, los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fue alcalde de Nerva (Huelva).

Estos dos altos cargos han sido apartados este martes de sus funciones por la Junta de Andalucía. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno en funciones, Miguel Ángel Vázquez, que ha señalado en rueda de prensa que los directivos han sido cesados sin que por ello "se les quite" el respeto a la presunción de inocencia, según ha explicado, y ha asegurado que el Gobierno tiene que actuar "con hechos y de forma inmediata e implacable".

Y es que, según sus palabras, "Andalucía no es la comunidad autónoma de Madrid" ya que aquí "ni se jalean ni se mantienen los cargos públicos implicados en casos de corrupción" como, según ha recordado, el caso de la jefa de campaña de la actual candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre.

Detenidos siete exdelegados provinciales de Empleo

A los detenidos en la llamada Operación Barrado, que se desarrolla de forma simultánea en todas las provincias andaluzas, se les atribuyen presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

Además de los dos directivos cesados, los agentes han detenido también a la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Angel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

En este sentido, y en la provincia de Córdoba, ha sido detenida la también exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta y exconcejal en el Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Lucena María José Lara.

Según ha informado el Instituto Armado, hasta cuatro de las personas detenidas han estado al frente de direcciones generales dentro del mismo Servicio Andaluz de Empleo.

También hay detenidos siete exdelegados provinciales de Empleo, como son el de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza; el de Málaga, Juan Carlos Lomeña; el de Córdoba, Antonio Fernández, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, Jaén, Irene Sabalete, y Granada, Marina Martín Jiménez, que actualmente es directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí.

En Málaga, y además de al exdelegado provincial de Empleo, la Guardia Civil ha detenido al exdirector gerente y a la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, donde se han realizado dos registros, mientras que en la provincia de Huelva ha sido detenido también el exdirector gerente del consorcio Formades.

Los arrestos se han practicado después de los informes de la Intervención General de Andalucía relativos a las irregularidades en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Está previsto que en la tarde de este martes pasen a disposición judicial algunos de los detenidos en la macrooperación contra el fraude en los cursos de formación, en la que hay además cinco imputados.

"Entramados empresariales beneficiados de subvenciones"

La juez Alaya decretó en febrero pasado el secreto parcial del caso relativo a los cursos de formación ante la "gravedad" del fraude que detectó en los consorcios y los "entramados empresariales" del sector de formación y lo amplió tras analizar los informes de la Intervención General de Andalucía relativos a las irregularidades en el SAE.

Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".

En segundo lugar, la instructora aludía a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento", lo que también fue declarado secreto.

En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución".

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".