Tribunal de Cuentas: hay que revisar las tasas nucleares para poder pagar la gestión de residuos

• Avisa de que, con el sistema actual, habría un déficit de casi 1.500 millones
• Recomienda actualizar anualmente los gravámenes que pagan las empresas

Interior de la celda de almacenamiento de residuos radioactivos en El Cabril.

El Tribunal de Cuentas ha pedido que se modifique el modelo de financiación establecido para pagar la gestión y tratamiento de los recursos nucleares, ya que con los ingresos que generan las tasas actuales no se cubriría los costes previstos y se generaría un déficit que, a día de hoy, sería de 1.486 millones de euros.

Así lo ha explicado el presidente de ese organismo, Ramón Álvarez de Miranda, durante la presentación en el Congreso de los Diputados del informe de fiscalización de la gestión que realiza la empresa pública ENRESA sobre el fondo destinado a financiar el Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR).

Un déficit equivalente al 17% del coste previsto

Según el presidente del órgano fiscalizador, el sistema actual no garantiza que los costes derivados del cierre y desmantelamiento de las instalaciones nucleares que generan electricidad no tengan que trasladarse a generaciones futuras, algo que prohíbe tanto la normativa comunitaria como la legislación nacional.

Esto se debe -concluye el informe- a que no se obliga a revisar cada año los elementos tributarios de las tasas que recaen en los titulares de las centrales nucleares y a trasladarles cada año las desviaciones significativas que se producen en esos costes de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos.

En concreto, ese documento detalla que -según en la última actualización económico-financiera realizada por ENRESA en junio de 2014- si se mantienen los actuales tipos de gravamen a las centrales nucleares, se generaría un déficit de 1.486 millones de euros, cifra que supone el 16,9% de las necesidades futuras de financiación estimadas para hacer frente al coste de la gestión de residuos radioactivos y del combustible nuclear gastado hasta 2085.

De las cuatro tasas, dos gravan a las empresas que explotan las centrales nucleares activas, otra a las que gestionan el combustible de esas centrales y la cuarta, a otras instalaciones radioactivas. Ese modelo se estableció en 2010 y no se ha modificado desde entonces.

Actualización anual de las tasas

Así, el informe de fiscalización señala que estas tasas deberían actualizarse cada año para cubrir las necesidades de financiación futuras, con el objetivo de "garantizar" que las dotaciones anuales a ese fondo se distribuyan a lo largo de la vida útil que le queda a las centrales nucleares.

ENRESA calcula un coste de 19.700 millones de euros para cumplir lo establecido en el Plan General de Residuos Radioactivos hasta 2085 si la vida útil de las centrales fuera de 40 años. Esa cantidad superaría los 20.477 millones de euros si la vida útil se ampliara a 48 años para las centrales operativas, debido al consiguiente aumento de los residuos generados.

Para cuando cierren la centrales nucleares que ahora están en explotación -y con el fin de adecuar los recursos acumulados en el fondo a los costes futuros que deberá afrontar ENRESA- el Tribunal de Cuentas sugiere, "como alternativa", que los propietarios de las empresas propietarias de las centrales nucleares "internalicen" los costes por asignaciones a ayuntamientos e impuestos medioambientales.

Asimismo, considera que ENRESA "debería cargar" al fondo imputable a las centrales nucleares en explotación la "totalidad de los costes soportados" por asignaciones a ayuntamientos afectados por las centrales nucleares e instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radiactivos. Hasta ahora, esos costes se han repartido entre los cuatro fondos en los que está distribuido el fondo general que financia el plan de gestión de recursos.

"ENRESA ha dejado de tener control directo de los ingresos"

Además, el informe del Tribunal de Cuentas considera que "sería conveniente" establecer un procedimiento formal de comunicación entre ENRESA y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que la empresa estatal de gestión de residuos pueda "contrastar" los elementos que integran las bases imponibles de las tasas que pagan las empresas titulares de las centrales y los registros correspondientes del sistema eléctrico.

El órgano fiscalizador considera que, al implantarse en 2009 el nuevo modelo de financiación de tasas, ENRESA "ha dejado de tener una capacidad directa de control" sobre los ingresos que recibe por la recaudación de estos tributos, un control que ha pasado a la Agencia Tributaria.

Sin embargo, el Tribunal constata que "no se ha previsto un procedimiento alternativo" para que ENRESA "pueda contrastar" con la CNMC las cifras recibidas por la recaudación de las tasas con las cifras de ingresos por peajes o generación de energía.

Por último, el Tribunal de Cuentas aconseja que se complete la regulación de la gestión y financiación de la gestión de residuos generados por el uso de radiosótopos en medicina, industria, agricultura e investigación, ya que en la actualidad está recogida de forma residual en la regulación del sistema eléctrico.

De esta manera, el organismo fiscalizador considera que se garantizaría la cobertura total de los costes en que se incurra con posterioridad al cese y desmantelamiento de las centrales nucleares que generan electricidad.