La juez Alaya acusa a la Junta de Andalucía de crear una "red de clientelismo político"

• Se investiga el presunto fraude en cursos de formación subvencionados
• Considera que desde la Consejería de Empleo se "impartían órdenes"
• Cifra en 950 millones los gastos pendientes de justificar en formación
• Libertad con cargos para doce de los 16 detenidos en la Operación Barrado

La juez que instruye los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, en una imagen de archivo.

La juez Mercedes Alaya considera que la Junta de Andalucía habría creado "una red de clientelismo político" a través de la formación, según expone en los distintos autos de imputación de varios ex delegados provinciales de Empleo detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la Operación Barrado por el presunto fraude en cursos de formación financiados por el gobierno regional.

La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto, según fuentes del caso recogidas por Europa Press, que desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales de Empleo "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político".

La juez, que cifra en 950 millones los gastos pendientes de justificar en formación, ha dejado en libertad con cargos a doce de los 16 detenidos este martes que han comparecido en sede judicial.

950 millones pendientes de justificar

Alaya ha cifrado en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar por cursos de formación pagados desde 2009 con fondos públicos, y atribuye esa actitud a la "desidia" o el "dolo" de responsables de la Junta de Andalucía.

En un auto de imputación de una de los 12 políticos que han quedado en libertad con cargos al que ha tenido acceso Efe,  la instructora lamenta los "efectos graves para el Erario Público" que ha supuesto la acumulación de dinero pendiente de justificar.

La juez relaciona parte de ese dinero con las resoluciones de exoneración, un uso que considera "fraudulento" de los fondos porque permitían nuevos pagos a pesar de que no se hubiesen justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas antes.

Estas resoluciones las aplicó la Consejería de Empleo de la Junta desde 2009, "año tras año", contraviniendo la Ley de Hacienda andaluza y convirtiendo en algo habitual "lo que debe ser excepcional", precisa Alaya.

Las exoneraciones favorecieron a beneficiarios repartidos por toda Andalucía, según la instructora, que critica el hecho de que no se reclamaran su reintegro hasta pasar las competencias de la consejería de Empleo a la de Educación y afirma que esas reclamaciones caducan a los cuatro años.

Consecuencias presupuestarias en todas las provincias

Asimsimo, la acumulación del dinero tuvo consecuencias presupuestarias porque obligaba a provisionar las cantidades pendientes de pago en el presupuesto del próximo año, destaca la juez, que acusa a uno de los dirigentes políticos detenidos de participar en las acciones que impidieron el adecuado seguimiento de los cursos y su justificación.

También le imputa contribuir decisivamente en mantener un sistema de gestión de subvenciones para la formación que implicaba, indiciariamente, un reparto arbitrario de los fondos públicos.

Según el citado auto, ello se hacía mediante "una acción concertada y coordinada tanto a nivel central como provincial" y permitiría, "a sabiendas de su injusticia y el daño al erario público", provocar "múltiples incumplimientos" de las normas para los cursos, en su concesión, en el pago y, "especialmente", en la justificación del destino de los fondos subvencionados, según la instructora.

La juez, que investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, afirma que los incumplimientos afectaban a todas las provincias, con más alumnos de los permitidos, sin prácticas de alumnos o con facturas que eran fotocopias.

Libertad con cargos para varios detenidos

Entre los detenidos que han quedado en libertad se encuentra la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano, a quien la magistrada le ha imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

También han quedado en libertad con cargos la exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, cuyo abogado ha defendido su "absoluta inocencia"; la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, y la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de seis millones de euros.

Estas tres detenidas también se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, han indicado las fuentes.

La instructora dejó en libertad con cargos esta madrugada a las ex directoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros,y María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y a la ex directora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.

Florido, para quien el Ministerio Público no pidió ningún tipo de medida cautelar, es cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Angel Ojeda, también imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Delegados de la Consejería de Empleo

Los últimos en salir han libertad han sido los delegados de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el de Cádiz, Juan Manuel Bouza; el de Córdoba, Antonio Fernández Ramírez; y el delegado en Huelva hasta ayer, cuando fue cesado, Eduardo Manuel Muñoz García.Los cuatro, que han comparecido esta tarde ante la juez, se han acogido a su derecho no declarar.

Hasta 13 de los detenidos son altos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los hasta ayer delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, quienes fueron inmediatamente apartados de sus funciones tras conocerse sus detenciones.

En el marco de esta operación, los agentes de la Guardia Civil han detenido también al ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y al ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes.

Siete ex delegados provinciales de Empleo

También hay detenidos siete ex delegados provinciales de Empleo, como el exdelegado de Empleo de Málaga, Juan Carlos Lomeña y las exdelegadas de Empleo en Almería, Jaén y Granada.

En Málaga, y además de al ex delegado provincial de Empleo, la Guardia Civil detuvo al ex director gerente y a la presidenta de la UTE gestora de Ciomijas, mientras que en la provincia de Huelva fue detenida también la exdirectora gerente del consorcio Formades.

En otro auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".

En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".