El Congreso aprueba la prisión permanente revisable con el único apoyo del Partido Popular

• Se pone punto y final a la tramitación un año y seis meses después
• El PP cree que la mayoría de los ciudadanos defiende la prisión revisable
• La oposición dice que es un "día negro" para la democracia
• De forma paralela se aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana con críticas

Luz verde a la reforma del Código Penal que introduce la prisión permanente revisable

El Pleno del Congreso ha aprobado el nuevo Código Penal con el apoyo del PP y el rechazo en bloque de la oposición, que ha lamentado que hoy "es un día negro" para la democracia por la aprobación definitiva de la reforma, que introduce, dicen, la "cadena perpetua" mediante la prisión permanente revisable.

Con 181 votos a favor y 138 en contra y dos abstenciones, la Cámara baja ha puesto punto y final a la tramitación de la norma un año y seis meses después de iniciar su recorrido parlamentario en las cámaras, en el que han incorporado 400 de las más de 2.000 enmiendas presentadas a la norma, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio.

También con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido aprobada este jueves definitivamente por las Cortes, que han avalado un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno.

Paralelamente tramitada con la reforma del Código Penal, la nueva ley asume lo que hasta el momento figuraban como faltas y se convierten ahora en infracciones administrativas, que serán muy graves (multadas con entre 30.001 a 600.000 euros), graves (de 601 a 30.000 euros) y leves (de 100 a 600 euros).

El PP cree la mayoría de los españoles defiende la prisión permanente

Los ministros de Justicia, Rafael Catalá, e Interior, Jorge Fernández Díaz, han asistido al debate, que han presenciado desde la tribuna los representantes de las asociaciones de víctimas y familiares de las jóvenes asesinadas Sandra Palo, Marta del Castillo y Mari Luz Cortés, quienes, fuera del hemiciclo, han agradecido al Gobierno la introducción de la prisión permanente revisable.

En el debate, la oposición ha señalado que "es un día negro" para la democracia y la sociedad por la incorporación al ordenamiento jurídico español de la "cadena perpetua" a través de la prisión permanente revisable, que ha defendido el PP al subrayar que la "apoyan dos tercios de todos los españoles".

Así, el diputado popular Leopoldo Barreda ha destacado que esta nueva figura penal "no renuncia a la reinserción del penado", como denuncia la oposición, "pero sí da respuesta a la seguridad que exigen los ciudadanos".

No lo ha entendido así la socialista Rosa Aguilar, que ha acusado al PP de reinstaurar en España la "cadena perpetua, que choca frontalmente con los principios constitucionales de reeducación y reinserción del penado". "Lo saben perfectamente y les da igual", ha añadido la parlamentaria al dirigirse a la bancada de los populares.

IU: "La cadena perpetua fue abolida por Primo de Rivera"

Gaspar Llamazares, de la Izquierda Plural, ha protagonizado las críticas más duras al PP por reinstaurar la "cadena perpetua, que fue abolida por Primo de Rivera", y que, en su opinión, "es una pena de muerte que añade 'revisable' con recochineo".

Pero también los portavoces de CiU, UPyD y del Grupo Mixto han reprochado al Gobierno el "eufemismo" que utiliza "para encubrir la cadena perpetua". "Hemos tirado la toalla para que en las cárceles se pueda rehabilitar a alguien", ha dicho el diputado del PNV Emilio Olabarría.

Impulsado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y finalizado por su sucesor en el cargo, Rafael Catalá, el nuevo Código Penal, que modifica la norma vigente de 1995, se convierte así en el gran proyecto estrella del Ministerio de Justicia aprobado por las Cortes en esta legislatura.

Al término del debate, Catalá ha tomado la palabra para subrayar que la sociedad dispone ahora de "un mejor instrumento para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, por dar respuesta a las nuevas formas delictivas y proteger mejor a los más necesitados". "Hoy es un buen día para el Estado de derecho y la democracia", ha destacado.

Otras normas del nuevo Códido Penal

Además de incorporar la prisión permanente revisable, el texto eleva a 16 años la edad de consentimiento sexual, suprime las faltas e introduce el delito de financiación ilegal de los partidos con multa para las donaciones ilegales que no superen los 500.000 euros y prisión para las superiores.

La norma aumenta las penas para los delitos de corrupción,a prolonga los plazos de prescripción y de inhabilitación para el cargo público y obliga a los condenados por estos delitos a devolver obligatoriamente el dinero sustraído a las arcas públicas para tener acceso a la libertad condicional.

Asimismo, establece medidas de libertad vigilada de tres a cinco años de duración en supuestos como los asesinatos graves y la violencia de género, obliga al Gobierno a informar ante el Congreso cada seis meses de los indultos concedidos y denegados.

La reforma mantiene también la figura del delito de coacción a la huelga, si bien se incluyen penas no privativas de libertad -multas- y se reducen los tipos tanto para los empresarios como para los piquetes, que tendrán penas más elevadas que los primeros.

Pero también tipifica como delito el matrimonio forzado y los actos reiterados de acecho u hostigamiento hacia la víctima, castiga por primera vez en España "la explotación sexual" contra los animales (zoofilia) y el abandono animal e inhabilita a los maltratadores de animales para tener mascotas.

Críticas a la denominada "ley mordaza" por "represiva"

Tachada de "mordaza" y "represiva" a pesar de que ha sido suavizada respecto al texto inicial, la Ley de Seguridad Ciudadana, proyecto estrella del Ministerio del Interior, ha culminado su tramitación parlamentaria tras cinco meses de debate.

Durante este tiempo, el contenido de la norma ha quedado diluido al centrarse la polémica en una enmienda que presentó el PP en el Congreso y que supondrá la modificación de la ley de extranjería para legalizar las denominadas "devoluciones en caliente" o "rechazos en frontera".

Sucesora de la llamada "ley Corcuera" o de "la patada en la puerta" de 1992, la nueva norma, que entrará en vigor en julio, prohíbe por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, pero permite la identificación de las personas que tengan total o parcialmente cubierto el rostro con cualquier tipo de prenda.

Regula los cacheos y fija en un plazo máximo de seis horas el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas solo en supuestos excepcionales y cuando no sea posible acreditar esta identificación por medios físicos o telemáticos.

En su debate final y en el último turno de palabra, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado convencido de que la nueva ley dotará a España de más libertad.

A pesar de estos argumentos, la oposición ha insistido en que la ley ni es necesaria ni demandada por los ciudadanos, y que tiene como único objetivo "amordazar" la protesta en las calles.

Desde las filas del PSOE, de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto ya han vaticinado que la ley tiene "los días contados" y que "se pone a la cola" de otras normas que serán derogadas en cuanto cambie la mayoría de fuerzas políticas en el Parlamento.

Críticas de Greenpeace y Amnistía Internacional contra la 'ley mordaza'

Un grupo de ocho activistas de Greenpeace ha protestado este jueves contra la aprobación del Código Penal y de la ley de Seguridad Ciudadana frente al Congreso, donde se han concentrado amordazados, vestidos con las camisetas amarillas de su organización y con pancartas rechazando la "ley mordaza".

Con esta concentración Greenpeace quería denunciar que las reformas que se aprueban "suponen un recorte de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación, recogidos en la Constitución Española", según ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de la organización.

Amnistía Internacional (AI) ha criticado también que la ley de seguridad coarta las libertades del individuo y "formaliza prácticas abusivas contra inmigrantes". La organización sostiene en un comunicado que cercena "garantías básicas de derechos humanos".