El Gobierno de Extremadura denuncia "un presunto fraude a gran escala" en formación de ocupados

• La Junta ordenó la investigación después de lo sucedido en otras comunidades
• Contrató a una auditora externa, que analizó el 10% de los cursos de 2011
• Según el Ejecutivo de Monago, solo ese año se pudieron defraudar 3 millones

Un informe encargado por el Gobierno extremeño constata "irregularidades" en cursos gestionados por patronal y sindicatos

El Gobierno de Extremadura ha denunciado un "presunto fraude a gran escala" con los cursos de formación de ocupados por parte de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), CC.OO., UGT y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), y que "podría alcanzar, solo en la convocatoria de 2011, más de 3 millones de euros".

Los datos sobre este caso han sido puestos en manos de la Fiscalía Anticorrupción este martes, según ha anunciado este miércoles la consejera de Empleo, Mujer, y Políticas Sociales del Gobierno extremeño, María Angeles Muñoz.

En una rueda de prensa, Muñoz ha explicado que una auditoría al 10% de los cursos realizada por una empresa externa ha hallado "indicios suficientes" de que en Extremadura "se creó y alimentó un sistema irregular de la gestión de la formación a ocupados".

La consejera de Empleo ha destacado que este caso es "distinto" al de los ERE de Andalucía, ya que "no se refiere a formación de desempleados, sino que a formación de ocupados", ya que en lo que se refiere a formación de parados "el control es absolutamente riguroso".

Gastos facturados superiores al coste real

Las "irregularidades" -ha explicado la consejera- "están en que los gastos facturados son superiores al coste real", por lo que "existen sobrefacturaciones", ya que "los costes reales en los que pretendidamente se han incurrido superan con creces el valor de mercado". Ha calculado que "la diferencia entre el coste real y el coste facturado" sería de un 47%.

Según ha señalado, de los 3,1 millones de euros de subvención que la Creex recibió en 2011 para estos cursos, existen "indicios de fraude de en torno a 1,5 millones", es decir, el 50% de la subvención, mientras que en el caso de UGT y CC.OO., recibieron cada uno una subvención de 1,8 millones, y "hay indicios de que la cuantía defraudada se sitúe entre los 600.000 y los 650.000 euros, el 30% de la subvención".

En el caso de Cepes, la subvención en 2011 fue de 700.000 euros, de los que "los indicios de fraude rondan los 300.000 euros, más del 40% de la subvención".

Muñoz ha destacado que se ha realizado una "exhaustiva investigación", que ha detectado "hechos que pudieran constituir un delito contra la Hacienda pública" por un "fraude en las condiciones para la obtención y justificación del destino de subvenciones públicas".

Así, y aunque "hasta el momento" se ha investigado la convocatoria correspondiente a 2011, el Gobierno extremeño ya ha "iniciado los pasos necesarios para analizar los años anteriores, que no estén prescritos".

"Una investigación exhaustiva" en una muestra del 10% de los cursos

Según el relato cronológico del caso, la consejera de Empleo ha explicado que, después de lo ocurrido en otras comunidades, el Gobierno extremeño decidió "examinar con rigor" la convocatoria de estos cursos y, tras recibir de la Fundación Tripartita una "propuesta inicial de subsanación de deficiencias" en los cursos de la convocatoria de 2011, inició una investigación.

Para esa investigación, el Gobierno extremeño contrató en septiembre de 2014 a la empresa auditora Gabinete Extremeño de Auditoría S.L. para realizar el examen de la documentación. Esta empresa reclamó más documentación a la patronal y los sindicatos y, tras realizar un informe provisional, recibir alegaciones y finalizar la investigación, entregó el informe definitivo al Ejecutivo de Monago, que decidió registrarlo en la Fiscalía de Badajoz y remitirlo a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Muñoz ha querido dejar claro que el Gobierno extremeño "ha actuado, como no podía ser de otra forma, bajo el principio de buena fe", ya que ha informado "de cada paso a las entidades investigadas y, "por supuesto, permitiendo que subsanen cada deficiencia, si es que podían subsanarla", ha destacado.

A partir de la muestra obtenida en el 10% de los cursos, Muñoz ha realizado la "proyección" de que la cantidad defraudada global "podría alcanzar los tres millones de euros" en conjunto.

Fraude en el coste del profesorado

Para ilustrar la denuncia, la consejera ha señalado que, en una factura presentada por valor de 69.000 euros, "su coste real, el que pueden acreditar, es de 9.600 euros", por lo que "se llevaron un beneficio del 800%".

En otra factura presentada "por valor de 35.000 euros, su coste real es de 12.000 euros", mientras que en otra de 43.900 euros, su "coste real era de 30.000 euros", ha detallado Muñoz.

En otro caso concreto detectado, se aportó una factura como justificación en la que aparecía como concepto único "cursos de formación por importe de 894.359 euros" y que iba acompañada de un informe que "no contenía ningún soporte documental que acreditara que, efectivamente, ésos eran los costes en los que se había incurrido".

También ha apuntado la consejera de la "desproporción" que, a su juicio, existe "entre lo que se abonaba y el valor de mercado", y ha puesto como ejemplo que "uno de los profesores cobró 7.600 euros por 500 horas de teleformación y 3.800 euros por 22,5 horas presenciales".

En este punto, Muñoz ha señalado que se han detectado casos de cobro de 427,5 euros, 630 o 820 euros la hora de clase impartida, por lo que ha resaltado que "el concepto de impartición es el mayor fraude", aunque también ha apuntado a otros, como que "las entidades beneficiadas se autoalquilaban las aulas donde impartían los cursos".

"En algunos casos no se justifica el trabajo de determinados profesores y, en otros casos, hay profesores realizan acciones formativas simultáneamente, lo cual es bastante curioso", ha indicado Muñoz, quien ha añadido que también se ha dado la "situación rocambolesca de que el número de horas dedicadas a tutorías supera el número de horas dedicadas a enseñanza".

La consejera extremeña ha añadido que, en otros casos, existen "vinculaciones personales entre los beneficiarios y los contratistas", de tal forma que "el propio beneficiario de la subvención contrataba a una empresa de la que él mismo era el dueño". En otro ejemplo aportado, los tres presupuestos que se piden para contratar el curso "son de tres empresas del mismo administrador".

Examen de los expedientes de años anteriores

Ahora, después de presentar esta documentación en la Fiscalía Anticorrupción, "corresponderá a la Justicia determinar las consecuencias penales para estas entidades y para sus responsables".

Aunque el Gobierno de Extremadura ya ha avanzado que va a reclamar a estas entidades que "se devuelvan la cantidad defraudada al pueblo extremeño", ya que se trata de "fondos públicos".

Además, María Angeles Muñoz ha avanzado que va a pedir a la Intervención General de la Junta de Extremadura que examine todos los expedientes de los años anteriores,  "en los que podrían darse actuaciones similares y no hubieran prescrito", con el objetivo de "comprobar si ha tenido lugar el mismo presunto fraude".

Finalmente, la consejera ha asegurado que, después de esa convocatoria de 2011, el Gobierno del PP "cambió el sistema de gestión y control de estas subvenciones".