Matas se acoge a su derecho a no declarar sobre la reforma de la sede del PP balear

• El expresidente balear iba a declarar por videoconferencia por estar en prisión
• Se trata de una pieza separada del caso Palma Arena

Jaume Matas, expresidente balear y exministro de Medio Ambiente, en una foto de archivo.

El expresidente del Govern Jaume Matas se ha acogido a su derecho a no declarar este viernes ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, tras acordar su imputación en el marco de la pieza que investiga la financiación presuntamente ilegal de la reforma de la sede de los 'populares' baleares.

Matas, que cumple condena por corrupción en la cárcel de Segovia, ha rehusado responder a las preguntas del juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sobre el supuesto pago de la sede regional del PP en Palma por parte del constructor Antonio Pinal, beneficiario de cuantiosos contratos públicos en la legislatura 2003-2007.

El exministro de Medio Ambiente, representado por un abogado en Palma, ha comparecido por videoconferencia desde la prisión con la cabeza vendada por las dolencias que sufre en los oídos y se ha limitado a afirmar que se acogía a su derecho a no declarar por indicación de sus letrados, han indicado fuentes jurídicas.

Matas ya argumentó que sus problemas auditivos le impedían comparecer cuando el pasado 20 de febrero intervino por videoconferencia, igualmente tocado con un aparatoso vendaje, ante la comisión del Parlament balear que investigó presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción del hospital Son Espases de Palma.

El exgerente del PP balear niega comisiones ilegales

Pero no es el único imputado al que el juez instructor del caso Palma Arena había citado a declarar este viernes. Asimismo estaba citado a declarar el extesorero del PP balear y cuñado de Matas Fernando Areal, que está también imputado como presunto responsable de gestionar donaciones en negro realizadas a la organización política por parte de adjudicatarios de contratos con las administraciones que gestionaba el PP.

Areal ha negado que pidiera comisiones a empresarios contratados por las instituciones que gobernaba su partido y ha asegurado que todas las donaciones que gestionó se hicieron de forma legal y están contabilizadas. El cuñado de Matas ha asegurado que la sede regional de la organización se pagó con los fondos propios y mediante un crédito bancario.

Según han indicado fuentes jurídicas, el exgerente ha manifestado que no recordaba las cifras del coste de la adquisición y reforma del inmueble ni al empresario Antonio Pinal, quien presuntamente pagó parte de la operación en compensación por contratos públicos, de acuerdo con la versión que contó al juez el exconcejal de Urbanismo de Palma Rodrigo de Santos.

Antes han testificado la exalcaldesa de Palma Catalina Cirer y el exdiputado Joan Huguet, quienes han negado tener cualquier conocimiento de que su partido se financiase ilegalmente.

Una pieza del caso Palma Arena

Las comparecencias se enmarcan en la pieza 28 del caso Palma Arena, recientemente abierta para investigar de qué forma fueron sufragados los trabajos de reforma de la sede del PP, pagos que presuntamente corrieron a cargo del empresario y propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

Castro tiene sobre su mesa la confesión efectuada por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien tanto ante la Fiscalía Anticorrupción como ante el propio juez explicó que Pinal le comentó que ayudó en la compra del sede del partido a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets.

En el caso de Areal, cuñado del propio Matas, se trataba del supuesto encargado de mediar en el cobro de los sobornos. De hecho, su nombre ha aparecido en distintas ocasiones y en otras piezas de la causa. De hecho, el administrador de Over Marketing, Daniel Mercado, cuya empresa también está siendo investigada por financiar la organización de las campañas electorales del PP, explicó cómo Areal era quien establecía los pagos en dinero A y B.

Asimismo, el constructor Juan Serra, quien también se encargó de la reforma de la sede, reconoció haber recibido dinero negro en el inmueble de los 'populares, más en concreto hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través de Areal.

Del mismo modo, otra de las investigaciones del caso Palma Arena se centra en el presunto delito electoral que se habría producido con motivo de los servicios prestados por la empresa Nimbus -a la que también se habrían adjudicado sin concurso público diversos contratos- en favor del PP durante la campaña electoral de 2007. Las pesquisas apuntan a que la agencia emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña.