El PSOE recurrirá ante el TC la Ley de Seguridad Ciudadana y la prisión permanente revisable

• Los socialistas creen que suponen la "vuelta al estado policial"
• El Congreso acoge un acto de repulsa contra las 'leyes mordaza'
• Izquierda Plural, Podemos y Equo participan junto a 'No somos delito'

IU, Podemos y Equo protestan en el Congreso contra las 'leyes mordaza'.

El PSOE presentará en los próximos días dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Seguridad Ciudadana y los artículos del nuevo Código Penal que establecen la prisión permanente revisable como máxima pena.

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, ha anunciado la interposición de los dos recursos después de que el Congreso aprobara este jueves de forma definitiva ambas leyes.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha criticado la actitud del Gobierno de inclinarse por leyes que restringen los derechos individuales y la libertad de expresión y dan prioridad a las sanciones.

En el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana, tachada por la oposición de "mordaza", el PSOE considera que se trata de una "vuelta al estado policial" que vulnera diversos artículos de la Constitución (18, 21, 25, 24 y 104).

"El Gobierno quiere condenar al disidente, al adversario ideológico. Su objetivo es desalentar la protesta, la disidencia y a los ciudadanos que se quejan legítimamente por las medidas y las políticas del Gobierno y de las administraciones", ha censurado Hernando. A su juicio, con la nueva ley, "las libertades son menos y hay más vulneración de los derechos".

Derecho administrativo sancionador preventivo

El portavoz socialista ha opinado que la norma fija como principal función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la seguridad, en vez de ser garantes de los derechos y libertades, y les amplía la cobertura para actuar al margen del juez.

Además de rechazar el concepto de "tranquilidad pública" del que habla la ley, el PSOE también critica que se utilice "una terminología ambigua que genera inseguridad jurídica" y que se establezca un derecho administrativo sancionador preventivo respecto a las manifestaciones y sentadas.

Preguntado por si se recurrirá ante el TC el apartado de la ley que legaliza los rechazos en frontera de inmigrantes irregulares -llamadas devoluciones en caliente- mientras intentan rebasar las vallas en Ceuta y Melilla, Hernando ha asegurado que aún no se ha adoptado una decisión firme, pero que "probablemente" se tome porque hay "indicios de que pueda ser inconstitucional".

En cuanto a la prisión permanente revisable, el portavoz del PSOE ha justificado el recurso en que afecta a "la dignidad de las personas" e incumple los principios de reinserción y reeducación de los condenados.

En opinión del PSOE, la que considera una "cadena perpetua" vulnera los artículos 9.3, 10, 15 y 25.2 de la Carta Magna y es "absolutamente innecesaria" cuando en España ya se fija una pena de 40 años para los delitos más graves.

Acto de repulsa a las 'leyes Mordaza' en el Congreso

Por otro lado, el Congreso ha acogido este viernes un acto en las que distintos movimientos sociales, representantes de la judicatura y partidos políticos han denunciado los recortes de las libertades que, a su juicio, implican las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsadas por el Gobierno y que ellos denominan "leyes Mordaza".

La jornada, organizada por la plataforma 'No somos delito', ha tenido lugar en la Sala Ernest Lluch de la Cámara Baja y el encargado de inaugurarla ha sido el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, cuyo grupo parlamentario se encargó de solicitar los permisos al Congreso para que el evento pudiera celebrarse en la sede parlamentaria.

La mayoría de los asistentes se han amordazado, al inicio y al final del acto, con las telas azules, con las que la plataforma 'No somos delito' denuncia desde hace año y medio la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que entrará en vigor de forma completa, junto con el Código Penal el próximo 1 de julio. Entre los asistentes había activistas de organizaciones como Democracia Real Ya, Paz Ahora y Solidaridad Internacional.

Varios partidos políticos

Durante el acto han intervenido representantes de la Izquierda Plural, Podemos y Equo. Ricardo Sixto, de IU, ha reafirmado el compromiso de su formación de derogar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en cuanto sea posible, al igual que el líder de Equo, Juantxo López de Uralde, quien ha denunciado la "nueva vuelta de tornillo" que el Gobierno quiere dar "a la estrategia de miedo" para frenar, mediante su criminalización, la protesta social.

La eurodiputada de Podemos Tania González se ha quejado de que con estas nuevas leyes, "va a salir más caro protestar que robar miles de millones de dinero público" y ha denunciado que el Congreso, en lugar de proteger a los ciudadanos se está dedicando "sistemáticamente a secuestrar y destrozar los derechos sociales".

Asimismo, ha intervenido desde el público un miembro del movimiento de estudiantes mexicano 'Yo soy 132' quien ha denunciado que PP y PSOE han amparado al Gobierno mexicano en el Parlamento Europeo rehusando a pedir cuentas por la desaparición de 43 maestros asesinados en Ayotzinapa.

El rechazo en frontera "no puede cumplir la Constitución"

Mientras, el portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, ha mostrado su rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería por la que se introduce la devolución sobre la marcha a Marruecos de inmigrantes interceptados en las vallas de Ceuta y Melilla, que se ha llamado "rechazo en frontera". Esta medida "no puede cumplir nunca ni el derecho internacional ni la Constitución Española", ha asegurado Solans en declaraciones a Europa Press.

"No se puede devolver a una persona sin identificarla, sin abrir un expediente, sin individualizar su caso y sin reconocerle el derecho a pedir asilo", y después ha denunciado que "lo que se está pretendiendo es tratarles como animales".

También se ha pronunciado en contra la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que ha denunciado que la reforma de la Ley de Extranjería "pone en riesgo el derecho de asilo" y no ofrece las garantías a los migrantes interceptados en Ceuta y Melilla con las que cuentan en el resto de España.

Su secretaria general, Estrella Galán, ha señalado que la figura del rechazo en frontera no cuenta con un procedimiento regulado al no contemplar las garantías que establece la ley orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros, como la tutela judicial efectiva y el derecho al recurso contra actos administrativos y a tener un abogado e intérprete.