El fiscal solicita un nuevo testigo en el juicio de Fitur de Gürtel y las defensas, la anulación

• Se sientan en el banquillo dos exconselleras y los presuntos cabecillas de la red
• Por presuntos contratos irregulares en la adjudicación de expositores en Fitur
• Es el segundo juicio de la rama valenciana de Gürtel tras la "causa de los trajes"

El fiscal solicita un nuevo testigo en el juicio de Fitur de Gürtel y las defensas, la anulación

La Fiscalía ha solicitado la declaración de un nuevo testigo en el juicio del caso Gürtel por los contratos de la Generalitat Valenciana para Fitur, mientras que las defensas de algunos de los trece acusados han reclamado la anulación del mismo.

Concretamente lo piden por vulneración de derechos fundamentales, detenciones ilegales, intervención de comunicaciones telefónicas, derecho a la intimidad y vulneración del derecho de defensa.

En la primera sesión del juicio, que previsiblemente se extenderá hasta octubre, dedicada a cuestiones previas, la Fiscalía ha solicitado la declaración como testigo de Juan Carlos Rincón, trabajador de Orange Market en "la primer época", en 2005, que podría aportar información relevante respecto a la organización de la presencia de la Comunitat Valenciana en Fitur.

El abogado defensor de Francisco Correa y Cándido Herrero ha planteado inicialmente la nulidad, a la que se ha adherido el resto de las defensas, por las detenciones ordenadas por Baltasar Garzón, que excedieron, según ha denunciado, las 72 horas, así como por determinados autos que autorizaron la intervención de teléfonos, entre ellos varios del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Este letrado ha citado el caso Cooperación, enjuiciado en este mismo tribunal, para solicitar que, a diferencia que en aquella ocasión, las cuestiones de nulidad sean resueltas de forma previa, por afectar a derechos fundamentales.

La vista por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel se celebra en la misma sala en la que se enjuició al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y al exconseller Rafael Blasco.

Trece procesados, entre ellos dos exconselleras y los supuestos cabecillas de la trama, se sentarán en el banquillo de los acusados en el que supone el segundo juicio de la rama valenciana del caso Gürtel que se celebra en la Comunitat, tras la denominada "causa de los trajes", en la que se absolvió a Camps y Ricardo Costa.

Esta es, además, la primera de las seis piezas separadas sobre supuesta financiación irregular del PPCV que llega a juicio, y posiblemente la única que se juzgue en el TSJCV, ya que en las cinco restantes el alto tribunal valenciano ha pedido que lo haga la Audiencia Nacional, al no quedar aforados en ellas.

Pablo Crespo y Milagrosa Martínez "buscan justicia"

El considerado número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha afirmado este martes que es un "empresario normal y corriente" y ha subrayado que no conoce a nadie del Consell de Francisco Camps y que viene al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a "buscar justicia".

Crespo se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al tribunal valenciano. Crespo y Alvaro Pérez, conocido este último como 'El Bigotes', han llegado al TSJCV minutos después de que se abrieran las puertas, sobre las 8.10 horas, y el primer acusado se ha detenido a atender a los medios de comunicación que aguardaban en la puerta.

Pablo Crespo ha señalado que es la primera vez que se enfrenta a un proceso judicial de este tipo, puesto que es un "empresario normal y corriente". Interpelado por si tenía relación con Camps, ha asegurado que "no": "No he visto en mi vida a nadie del Consell de Camps, ni conozco a Milagrosa Martínez". Por último, ha criticado los trabajos de la UDEF por "hacer informes falsos".

Por su parte, la exconsellera de Turismo y actual alcaldesa de Novelda (Alicante), Milagrosa Martínez, ha asegurado este martes a su llegada al TSJCV que confía en la justicia. Martínez ha llegado sobre las 9 .00 horas al tribunal valenciano.

A la entrada, Martínez, quien también fue presidenta de las Cortes valencianas y ha sido recientemente expulsada del PP, ha afirmado: "Confío en la justicia". Seguidamente, preguntada por si piensa dimitir de su cargo público, ha respondido: "No. Muchísimas gracias".

El juicio comienza con un año de retraso

El juicio que acogerá el Palacio de Justicia arranca con un año de retraso, ya que la dimisión como diputadas de las dos exconselleras a pocos días de la fecha inicial del proceso generó un conflicto de competencias que llevó finalmente al Supremo a decretar que lo juzgara el TSJCV, pues la renuncia al fuero se produjo cuando ya se había dictado la apertura de juicio.

Según el calendario establecido, los dos primeros días se dedicarán a las cuestiones previas, mientras que los acusados declararán del 10 de abril al 15 de mayo, coincidiendo con la precampaña y la campaña electoral.

En el banquillo de los acusados se sentarán dos exconselleras de Turismo: Milagrosa Martínez, durante cuyo mandato se adjudicaron los primeros contratos investigados, actual alcaldesa de Novelda (Alicante), expulsada este lunes del PPCV y quien pedirá la nulidad del juicio por indefensión, y Angélica Such, que continuó las adjudicaciones.

También están procesados cinco empleados públicos, entre ellos el jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret, quien ya fue condenado en la "causa de los trajes" así como seis responsables y empleados de la trama Gürtel, entre ellos los supuestos cabecillas, como Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez "El Bigotes", Cándido Herrero e Isabel Jordán.

La Fiscalía pide once años de prisión

La Fiscalía pide penas de once años de prisión para la exconsellera Milagrosa Martínez, su jefe de gabinete, Rafael Betoret, y el número dos de la trama, Pablo Crespo; de diez años de cárcel para Francisco Correa y Álvaro Pérez "El Bigotes", o de nueve años de inhabilitación para la exconsellera Angélica Such.

La vista llega seis años después de que, al inicio de la operación Gürtel por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dos funcionarios de Justicia se personaran en la Conselleria de Turismo para buscar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) con Orange Market -la filial valenciana de la trama- sobre Fitur.

Según la investigación, hay indicios de que Orange Market, encargada de "la mayor parte" de actos del PPCV, se aprovechó de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades del Gobierno valenciano para lograr esas adjudicaciones, pese a que sus ofertas eran las más caras y no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias.

Según la Fiscalía, el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel en esta "irregular actividad contractual" supera los 5 millones de euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron "ilícitos beneficios" por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.