España, Italia y Portugal, entre los países con menos medios para frenar a los "lobbies"

• Lo señala un informe realizado por la organización Transparencia Internacional
• El documento señala que esa injerencia amenaza la democracia europea
• La organización señala que hace falta regular a los "lobbies" para evitar abusos

Silueta de un hombre en la Cancillería, en Berlín.

Un informe de la organización contra la corrupción Transparencia Internacional (TI) establece que España carece de mecanismos suficientes para evitar la influencia "indebida o excesiva" de los grupos de presión o "lobbies" sobre las decisiones políticas. El estudio analiza la situación en 19 países de la Unión Europea y en las instituciones comunitarias, y las medidas adoptadas para garantizar que la presión que ejercen los grupos en favor de determinados intereses se realiza de manera "transparente y ética".

En particular, el documento titulado "El lobby en Europa: influencia encubierta y acceso privilegiado" concluye que existe en general en toda Europa "una injerencia indebida en política" y que la falta de regulación del cabildeo "favorece la corrupción". Además de España, el informe se centra en Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Francia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y el Reino Unido.

De ellos, Chipre y Hungría son los que salen peor parados, por las pocas acciones aplicadas para evitar una influencia sin restricciones de los grupos de presión en las decisiones políticas. Por su parte, "Italia, Portugal y España están entre los cinco países con peores resultados y donde las prácticas de cabildeo y los estrechos vínculos entre el sector público y el financiero se consideran más arriesgadas", señala la organización.

En el extremo opuesto, Eslovenia es el país que más medidas ha puesto en marcha, "aunque presenta igualmente algunas deficiencias y vacíos legales".

Anne Koch, de Transparencia Internacional, ha señalado este martes en la rueda de prensa de presentación del informe que aunque "los grupos de presión forman parte de una democracia saludable", hace falta regularlos para evitar los abusos.

Normas específicas aplicables a los grupos de interés

El informe revela que de los 19 países analizados, sólo siete (Austria, Francia, Irlanda, Lituania, Polonia, Eslovenia y el Reino Unido) cuentan con normas específicas aplicables a los grupos de interés. Incluso las instituciones comunitarias presentan importantes carencias en este ámbito, con un 36 % de "calidad medida" de las normas que regulan esos grupos.

Entre las críticas del informe, destaca que en Europa "los legisladores están en general exentos de restricciones pre y post empleo público y periodos de cuarentena, pese a ser un blanco clave de las actividades de 'lobby' o influencia". Sobre España, el informe denuncia en particular el problema del "traspaso" de personas entre el sector público y el privado, fenómeno conocido como "puertas giratorias".

Señala en ese contexto la "grave preocupación por los antiguos miembros del Ejecutivo que pasan al mundo de los negocios, y viceversa, ejecutivos de negocios que pasan a ocupar cargos en agencias reguladoras".

"Algunos ejemplos de expolíticos con redes impresionantes de antiguos colegas y un acceso incomparable a las personas que toman decisiones son los expresidentes del Gobierno Felipe González, que llegó a ser miembro de la junta de Gas Natural Fenosa, y José María Aznar, a quien Endesa contrató como asesor externo y que ha sido miembro de la junta de otras cinco corporaciones internacionales", apunta el informe.

Recomendaciones por país

Para resolver la situación, Transparencia Internacional da una serie de recomendaciones por país, empezando por la revisión de todas las leyes, políticas y prácticas sobre el acceso a la información relativo a los contactos entre cabilderos y cargos públicos en los países donde hay "problemas agudos", que incluyen a trece Estados miembros, España entre ellos.

También pide la creación en España y otros diez países de registros de grupos de presión, algo que se debe convertir en un "requisito obligatorio" y exigir la información periódica de las actividades de todos los profesionales del lobby y de los grupos. Asimismo, a España y otros trece países les recomienda reforzar los códigos de conducta aplicables a los cargos públicos, en particular en relación a los conflictos de intereses que incluyen incompatibilidades con el hecho de formar parte de un grupo de interés.

Otra sugerencia a España, Bulgaria, Chipre, Estonia, Francia, Irlanda, Lituania, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Reino Unido consiste en endurecer los códigos de conducta que regulan "los regalos y la hospitalidad". Por último, para promover la participación y contribución ciudadana a los procesos de decisión política, recomienda a España y a otros 14 países establecer el derecho legal de ciudadanos y grupos de interés a contribuir a los temas legislativos y políticos.