Zarrías Niega que el interventor se opusiera a sus propuestas presupuestarias

• El exconsejero de Presidencia andaluz ha declarado por el caso de los ERE
• Defiende que siempre elevó a la Junta andaluza asuntos "plenamente" legales
• La UCO aporta informe sobre las reuniones donde se gestionaban las ayudas
• Gaspar Zarrías es el cuarto aforado que comparece ante el Tribunal Supremo

Zarrías afirma que las propuestas de modificación presupuestaria llevaban el aval de la Intervención

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha declarado este jueves en el Tribunal Supremo por el caso de los ERE que las modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles' que llegaron a las sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros andaluces que él presidió -los denominados 'consejillos'- contaban con el visto bueno del interventor de la Junta.

Así lo han señalado fuentes presentes en la declaración del aforado, que se ha prolongado durante casi tres horas y media de este jueves ante el instructor del caso, Alberto Jorge Barreiro, los fiscales Rafael Escobar y Fernando Prieto y los abogados de las diferentes partes personadas en la causa.

En concreto, el diputado socialista ha respondido a las preguntas del magistrado que las propuestas de modificación presupuestaria que pasaban por la citada comisión de viceconsejeros, conocida como "consejillo", siempre llevaban el informe favorable del interventor general, y ha hegado que en ellas se pudieran tomar decisiones ejecutivas sobre los ERE fraudulentos.

Al salir del interregotario, Zarrías ha insistido a los medios de comunicación que "siempre, en todo momento y en cualquier circunstancia elevó asuntos plenamente aceptados por la legalidad". "Nunca se elevó ningún tema que no estuviera ajustado a derecho", ha advertido.

Zarrías presidió hasta 12 "consejillos"

Para el interrogatorio el instructor ha contado con el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Zarrías y la senadora Mar Moreno, la única que queda por declarar.

En el informe, los agentes concluyen que Zarrías presidió hasta 12 sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas sociolaborales.

A este respecto, Zarrías ha respondido tanto al instructor del caso como a los fiscales Rafael Escobar y Fernando Prieto que los citados "consejillos" no son órganos de decisión política sino administrativa, por lo que en sus actas no se fija ninguna referencia a las "transferencias de financiación", que fueron el instrumento presupuestario utilizado para tramitar las ayudas y que están sometidos a menores controles que el habitual.

Ante el magistrado del Supremo, Zarrías ha incidido en que carece de responsabilidad respecto a las acusaciones planteadas por la juez que investiga el caso en Sevilla, Mercedes Alaya, declarando en la misma línea que han venido haciéndolo el resto de aforados, como los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Zarrías es el cuarto de los cinco aforados imputados en comparecer ante el magistrado instructor, que ya ha tomado declaración al exconsejero de Empleo José Antonio Viera y a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, mientras que la ronda de declaraciones la cerrará el próximo martes la exconsejera Mar Moreno.

El atestado de la UCO

En el atestado de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes dicen también que "caso distinto" es el de Mar Moreno, ya que durante el tiempo en que ocupó el cargo "no presidió ninguna sesión de la Comisión en la que se adoptaran acuerdos relacionados con los hechos que se investigan, ni tampoco sesiones en las que se diera lectura y aprobación de acuerdos de reuniones anteriores".

Para llegar a estas conclusiones, los agentes analizan un total de 26 actas de otros tantos 'consejillos' celebrados entre el 11 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2011 en los que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas los ERE o un proyecto de decreto para regular este fondo que no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al 'consejillo'.

A tenor del estudio de las sesiones relacionadas, los agentes concluyen que Zarrías "habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L", a lo que se suma que "habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió".

En relación a la "arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas, los agentes de la UCO dicen que "llama poderosamente la atención la definición dada por Zarrías a los criterios por los que se concedían las ayudas: 'criterios de singularidad'", los cuales "habrían provocado el uso descontrolado de los fondos correspondientes al programa 31L", citando como ejemplo "la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, donde se concedieron ayudas con total arbitrariedad por importe total de 56,4 millones, las cuales habrían supuesto el 66 por ciento del total de las subvenciones a empresa otorgadas en la comunidad por parte de la Consejería de Empleo".

Anticorrupción advierte de que hay que dividir el caso de los ERE

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla la nueva negativa de la juez Mercedes Alaya a dividir en piezas separadas el caso de los ERE irregulares y ha reiterado su advertencia de que el no hacerlo podría llevar a la prescripción de algunos de los hechos investigados, señalando que las distintas líneas de investigación abiertas han dado lugar a "una macrocausa de extensión temporal subjetiva y material prácticamente inabarcable".

En el recurso, el Ministerio Público señala que, "en el orden práctico, no proceder a la división de la causa en piezas tal como solicitamos se traduce en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada unas de las piezas que han sido propuestas", lo que "supone una instrucción sine die", y también se traduce en "admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos".

La Fiscalía critica que la magistrada "obvia" el posicionamiento sobre la división de la causa, "no ya sólo en razón de la materia sino también de los sujetos presuntos responsables , de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", y solicita que la causa se divida en un primer bloque de piezas --que serán más de 200-- sobre los expedientes de ayudas, otra pieza sobre las comisiones y una última sobre el procedimiento específico.