La Fiscalía pide que declare el exinterventor de la Junta tras las comparecencias de Chaves y Griñán

• Demanda que lo haga también el exconsejero de Empleo Antonio Fernández

Imagen de archivo de Manuel Gómez, interventor de la Junta entre 2000 y 2010.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al magistrado que instruye el caso ERE en este órgano, Alberto Jorge Barreiro, que cite a declarar como imputados al exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández García.

En su escrito presentado en el alto tribunal los fiscales Fernando Prieto Rivera y Rafael Escobar Jiménez explican que formulan esta solicitud a la vista de las declaraciones prestadas este mes en el Supremo por cinco aforados, los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno, esta última este mismo martes.

Recuerdan que Manuel Gómez Martínez y Antonio Fernández García figuran como imputados en el procedimiento que tramita la jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, para investigar supuestas irregularidades en la concesión de ayudas relacionadas con los ERE.

Tras las declaraciones de Griñán y Chaves en el Supremo, el exinterventor de la Junta hizo público un comunicado en el que señalaba que los expresidentes tenían una "evidente responsabilidad en el fraude" del caso de los ERE y les acusó de actuar "embozados bajo el inicuo aforamiento tras el que se esconden" sin que los aludidos pueden responder.

Griñán negó directamente que hubiera recibido los informes de la Intervención que alertaron del fraude y Chaves también alegó que no conoció "ninguna ilegalidad".

El exinterventor pidió declarar

Por su parte, el propio exinterventor manifestó también su interés en testificar ante el alto tribunal al considerar "inverosímil" la versión del Griñán de que no conocía los informes de la Intervención.

En una reciente entrevista radiofónica, Gómez declaró que la Intervención General "no estaba perfectamente al tanto" de lo que ocurría en la Consejería de Empleo porque "no podía fiscalizar las subvenciones" que gestionaba este departamento y que fue a través de las auditorías que realizaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) como se detectó que había un área de gestión pública "sin control de la Intervención".

El resultado de esas auditorías, según detalló entonces el exinterventor, fue comunicado a tres miembros del Gobierno de la Junta, los consejeros de Empleo, Hacienda e Innovación porque ellos "eran los destinatarios legales" de las mismas.

Así las cosas, Gómez estableció una diferencia entre la situación de Griñán y la de Manuel Chaves porque en el período en el que ocurrieron los hechos, este último fue "presidente y solo presidente" de la Junta y es "perfectamente posible" que "ninguno de los tres consejeros hubieran considerado necesario darle traslado del contenido de los informes", mientras que Griñán fue consejero de Economía y Hacienda de Andalucía entre 2004 y 2009.