Trillo y Pujalte admiten pagos de una constructora pero afirman que cumplieron con Hacienda

• Trillo afirma que cobró de Collosa por asesorar en su reestructuración
• La Agencia Tributaria investiga el pago de comisiones en el sector eólico
• Martínez Pujalte, que cobró 75.000 euros, defiende que actuó "legalmente"

Trillo y Pujalte admiten pagos de una constructora pero afirman que cumplieron con Hacienda

El embajador de España en Londres, Federico Trillo, y el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte han admitido que cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados aunque han recalcado que cumplieron con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales.

El diario El País afirma que, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros, Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno, a través de sus despachos de asesoría. La empresa pagadora, según este diario, es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León.

Esta compañía, según ha informado también este rotativo, está siendo investigada por la Agencia Tributaria por el presunto pago de comisiones por la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León. Este órgano de Hacienda ha enviado un informe al respecto a la Fiscalía Anticorrupción.

El consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, comparecerá el próximo lunes en la Diputación Permanente de las Cortes autonómicas para informar sobre la política de energía eólica, tras publicarse que la Agencia Tributaria investiga el pago de comisiones en este sector, si bien la Junta castellanoleonesa dice que ha conocido dicho informe por la prensa.

Un contrato por asesoramiento, "ningún tipo de concesión"

Federico Trillo, expresidente del Congreso y exministro de Defensa, ha asegurado que firmó un contrato y recibió unos pagos de la constructora Collosa, de Castilla y León, por asesorar en su reestructuración y no por nada que tenga que ver con adjudicaciones de parques eólicos.

A este respecto, Trillo reconoce que cobró de esta constructora, pero que lo hizo por su labor de asesoramiento, sin referirse a ninguna cantidad concreta. No obstante, destaca que abonó el IVA y el impuesto de sociedades correspondiente y que la Agencia Tributaria "no ha descubierto nada" irregular en este punto.

Esta labor de asesoría también incluía "el estudio jurídico de la mejor estructura del grupo Collosa como empresa familiar". Trillo ha añadido que "en ningún momento el Estudio Jurídico LABOR intervino (ni fue requerido para intervenir) en ningún tipo de concesión o autorización de ninguna Administración pública, ni tuvo ni ha tenido nunca ningún tipo de asesoramiento o relación con centrales eólicas ni energías renovables".

Trillo asegura que LABOR firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa, sus estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla León, tanto en España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de la mejor estructura como empresa familiar.

Subraya que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales,  "lo que significa -añade- que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada".

El embajador en Londres recalca además que LABOR "nunca ha sido requerido de inspección ni de información alguna por parte de la Agencia Tributaria ni los inspectores de Hacienda".

Critica una filtración de la Agencia Tributaria

Trillo destaca que, según El País, esa relación "había sido filtrada" al periódico por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, y considera "tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes".

En ese sentido, recuerda el deber de las administraciones públicas de guardar el secreto de los datos de los contribuyentes, cuya infracción está tipificada como delito en el Código Penal y tiene penas de prisión de uno a cuatro años y de dos a cinco años "a quienes las difundieren, revelen o cedan a terceros".

Pujalte, "absoluta tranquilidad" de haber actuado legalmente

Por su parte,  Vicente Martínez Pujalte ha asegurado a Efe que tiene "la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente" y de haber "actuado de acuerdo completamente con la legalidad", tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria.

El diputado del PP ha señalado que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y ha recalcado que pidió la compatibilidad al Congreso, que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.