Archivada la causa contra 14 usuarios de tarjetas B de Caja Madrid por haber prescrito el delito

• Así lo ha dictaminado el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
• El delito de apropiación indebida que les atribuyó prescribe a los cinco años
• Si las cuantías superan los 50.000 euros prescriben a los diez años

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la causa de las tarjetas opacas al fisco contra 14 exdirectivos de Caja Madrid porque ha prescrito el delito de apropiación indebida. El magistrado explica en su resolución que el delito de apropiación indebida que les atribuyó prescribe a los diez años en caso de que las cuantías superen 50.000 euros, y a los cinco si no la sobrepasan.

En 14 autos, se detallan los gastos de los catorce hasta ahora imputados y la fecha del último movimiento, que se sitúan entre 2003 y 2006.

Se trata de José Carlos Contreras, que cargó a su visa opaca 23.827 euros; Joaquín García Ponte (21.135), María Elena Gil (72.479), José Luis Acero (10.163), Rafael Pradillo (28.682), Ángel Rizaldos (20.176) e Ignacio Varela (35.722).

También José María del Río, que desembolsó con su visa 47.723 euros; Domingo Navalmoral (42.966 euros); Ignacio del Río (21.029); Miguel Muñiz de las Cuevas (20.866); José Nieto (19.800); José Caballero (19.790 euros) y José María García (1.963).

"Extinguida la responsabilidad penal"

El juez Andreu declara "extinguida" para estos 14 exdirectivos "la responsabilidad penal" porque la última vez que utilizaron la tarjeta fue hace más de 9 años, superando los cinco que recoge el artículo 131 del Código Penal para la imputación del delito de apropiación indebida.

Inicialmente, Andreu les imputó el pasado enero como al resto de los 81 exdirectivos y exconsejeros usuarios de las tarjetas B, pero después citó a declarar a 67 personas, ya que para el resto los hechos habrían prescrito.

El magistrado tiene aún pendiente pronunciarse sobre el archivo provisional de la causa de cuatro exdirectivos, entre ellos el exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno.

La Fiscalía Anticorrupción apoyó el sobreseimiento provisional al considerar que ni Spottorno, ni Carlos Vela, ni Ricardo Morado ni Juan Astorqui eran administradores de la entidad y, por tanto, no tuvieron capacidad de decisión sobre la misma.