El alcalde de Valladolid niega que desobedeciera la sentencia sobre las obras de su edificio

• Afronta un juicio por desobediencia a una sentencia del TSJ de Castilla y Léon
• La sentencia declaraba ilegales las obras y obligaba a restituir el edificio
• Dos de los tres testigos hablan de "dificultades" para cumplir con la sentencia
• León de la Riva, del PP, aspira a un sexto mandato al frente de la Alcaldía

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, durante el juicio por un delito de desobediencia.

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha negado este lunes que desobedeciera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que le obligaba a restituir a su situación anterior el edificio en el que vive, tras las obras de conversión de los trasteros en áticos.

De la Riva, que ha entrado al juzgado por la puerta lateral, se ha sentado en el banquillo del Juzgado de lo Penal 2, en un juicio que ha levantado expectación vecinal y mediática y en el que el regidor, de 69 años, que apura el final de su quinto mandato y que aspira a un sexto al frente de la Alcaldía, ha insistido, a preguntas a la fiscal, en que "hizo lo que le dijeron que tenía que hacer".

A menos de un mes de las elecciones y con su futuro político en juego, ya que de ser condenado supondría su inhabilitación automática como cargo público, De la Riva ha reiterado que "siempre preguntaba a la concejal cómo iba el tema, ya que las sentencias hay que cumplirlas. Esa era mi obligación y decisión", ha zanjado.

Los hechos se remontan al 2008, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declaró ilegal la rehabilitación de un céntrico edificio de Valladolid, en el que el alcalde tiene su vivienda, y obligó a restituir a su estado original, entre otros elementos, unos trasteros convertidos en áticos, lo que no se cumplió hasta 2014, cinco años después y tras cinco requerimientos al regidor para que lo hiciera.

Rehabilitación del edificio donde vive el alcalde

Visiblemente incómodo ante algunas de las reiteradas preguntas que le ha hecho tanto la fiscal como el abogado de la acusación popular sobre su responsabilidad en el caso, el alcalde de Valladolid ha observado que se abstuvo en aquellas cuestiones en las que así lo indicaron desde la vicesecretaría o secretaría de Consistorio por ser vecino del edificio afectado por la sentencia.

Ha rechazado que tuviera "ningún interés en demorar el cumplimiento de la sentencia" e incluso ha ironizado con que si había alguien interesado en que las obras concluyeran era él como vecino del séptimo piso, por lo que "cuando notaba que aquello no funcionaba llamaba y pedía explicaciones", lo que no podía era "ponerse el casco y coger la piqueta".

"Se cumplió la sentencia tarde, pero se cumplió a plena satisfacción de la sala", ha argüido el alcalde de Valladolid, quien ha reconocido que "en absoluto" le parecía normal que se hubiera tardado cinco años en restituir la legalidad del edifico y ha insistido en que aunque "todo el mundo quería cumplir la sentencia", se encontraron con muchas dificultades.

"Dificultades para cumplir" con la sentencia

Dos de los tres testigos llamados por la defensa se han centrado en señalar esas "dificultades para cumplir con el mandato judicial" en cuanto que había que ajustar las obras al edificio construido en 1946, del que había planos que no reflejaban su realidad, con contradicciones e incluso elementos que no aparecían y que tuvieron que averiguar en una "labor detectivesca" en archivos y fotografías, ha referido el perito judicial Luis Alfonso Basterra.

En ese sentido, la funcionaria interina y arquitecta encargada desde 2010 de la supervisión del proyecto de restitución de legalidad de la obra, Inés Hierro, ha dicho que se encontraron con "dificultades y problemas de interpretación de tipo técnico en los planos para restituir la legalidad del edificio".

Incluso había "errores" en el plano levantado en 2000 para la remodelación del edificio, por lo que tuvieron que recurrir a una foto de un vuelo aéreo de 1999, y se encontraron con problemas de resistencia de forjados o divisiones interiores no previstas, lo que les llevó tiempo, según la arquitecta.

La Fiscalía pide quince meses de inhabilitación

La Fiscalía solicita provisionalmente quince meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 3.600 euros por un delito de desobediencia, mientras que la acusación popular, ejercida por la Asociación de vecinos Antonio Machado, eleva la petición de inhabilitación a dos años y la multa a 90.000 euros por entender que esa desobediencia fue reiterada.

Mientras, algo más de medio centenar de personas convocadas por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid se ha concentrado ante la puerta principal de los Juzgados de la ciudad antes del comienzo del juicio por presunto delito de Desobediencia al alcalde, Francisco Javier León de la Riva, quien ha accedido al interior del edificio por la entrada lateral de la calle Torrecilla unos minutos antes de las 9.30.

Para esa hora, además de los convocados por la Federación, que han reclamado la dimisión del primer edil "por machista y por ladrón", se encontraban también a las puertas un amplio grupo de trabajadores de los medios de comunicación e incluso la jefa de Gabinete del alcalde, la superintendente jefe de la Policía Municipal, Julia González Calleja, y el ex subdelegado del Gobierno e integrante de la candidatura municipal que encabeza el primer edil, José Antonio Martínez Bermejo.