Ruiz Mateos no comparece ante el juez "por encontrarse hospitalizado", según su abogado
- El juez pospone hasta este miércoles si ordena o no busca y captura
- José María Ruiz Mateos, padre e hijo, podrían ser condenados a diez años
- Un juzgado de Valladolid les acusa de fraude inmobiliario con una testaferro
El juez de Penal número 1 de Valladolid ha pospuesto hasta este miércoles su decisión de si activa la orden de busca y captura contra el empresario jerezano José María Ruiz Mateos, después de que su abogado presentara documentación justificativa de su incomparecencia, por ingreso hospitalario de urgencia, en el juicio fijado para hoy contra él y uno de sus hijos por supuesto fraude fiscal superior a 8 millones de euros.
“Ningún juez de España decreta la prisión de alguien que está en la UCI“
El juez Álvaro de Aza Barazón tiene previsto estudiar dicha documentación antes de acordar si ordena la busca y captura del fundador del Grupo Rumasa, cuya incomparecencia ha obligado a aplazar para el día 20 de octubre el juicio debido, según la justificación de la defensa, a su ingreso de urgencia esta madrugada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
La suspensión de la vista, con la conformidad de todas las partes, obedece a que es absolutamente imprescindible que el procesado asista al juicio cuando la pena solicitada para él supera los dos años, como es este el caso.
El abogado de Ruiz Mateos, Marcos García Montes, ha detallado que "ayer ingresó por una afección grave de corazón y ahora los facultativos le están poniendo un marcapasos". Según el letrado, "la documentación está en un juzgado de lo penal de Valladolid". "Ningún juez de España decreta la prisión de un señor que está enfermo grave y que, además, está en la UCI", ha insistido.
Penas de diez años para Ruiz Mateos padre e hijo
Ruiz Mateos y su hijo, del mismo nombre, se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Agencia Tributaria, solicitan para la imputada, Encarnación Solana Contreras, así como al desembolso de multas que suman 126 millones de euros, según fuentes jurídicas.
En su escrito de calificación provisional, se imputan a los Ruiz Mateos dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicitan para cada uno cinco años de prisión por cada delito y el pago de multas de 18 millones por fraude en el Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por fraude relativo al IVA.
La tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de ambos delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.
De tales cantidades, los acusadores sitúan a Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. como responsable directa y solidaria. Además, a todos los acusados se les impondría por cada uno de los delitos la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de seis años.
Compraventa de una finca en Reus
Los hechos se remontan a 2008, cuando los Ruiz Mateos, aprovechando las relaciones comerciales que tenían con los propietarios de la mercantil vallisoletana Perfil Inmobiliario Extramuros S.L, ofrecieron a estos últimos hacerse con la propiedad de su sociedad.
Aunque la firma de la venta de participaciones, sin abonar cantidad alguna, no se materializó hasta el 30 de marzo de 2009 en favor de otra sociedad pantalla llamada Sandersfierld Limited, con domicilio en el paraíso fiscal de Belice, con anterioridad, el 22 de julio de 2008, siguiendo las instrucciones de los Ruiz Mateos, Perfil Inmobiliario Extramuros adquirió una finca en Reus por importe de 6.005.060,52 euros.
La empresa vallisoletana vendió a posteriori dicha finca a SNH-Participaciones SL por 35.999.999 euros. En la firma de la escritura compareció la tercera imputada a quien los Ruiz Mateos colocaron en calidad de administradora única pero que en realidad "era simplemente una testaferro" que ya realizaba tareas administrativas en otras entidades pertenecientes al grupo empresarial.
Tras la venta de la finca, Perfil Inmobiliario no presentó declaración de sociedades del año 2009, ascendiendo la cuantía tributaria defraudada por este concepto a 3.021.994,15 euros, importe al que habría que sumar otros 4.957.517,12 euros correspondientes al IVA no ingresado por la operación de venta de la finca de Reus, con lo que el montante global superaría los 8 millones de euros.