El Tribunal de Cuentas ve los contratos públicos estatales "llenos de incumplimientos" en 2012

• Cita defectos de forma, falta de facturas, omisiones o poca justificación
• Denuncia que no se prima a las empresas que cumplen la ley de igualdad

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha afirmado que el informe sobre los contratos del sector público estatal de 2012 está "lleno de incumplimientos", como ha sucedido "tradicionalmente desde el origen de los tiempos", algo que achaca al "desfase" entre los procedimientos y las novedades legales.

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Relación con el Tribunal de Cuentas para presentar el Informe de fiscalización relativa a la contratación del sector público estatal durante el ejercicio 2012, que cubre 1.383 expedientes de contratación por valor de 2.740 millones de euros.

Según el presidente, hay un "desfase que muchas veces explica" los incumplimientos, ya que "la actualización de los procedimientos de contratación no está finamente ajustada a las novedades legales" a la vez que "las instrucciones aplicables en estos casos muchas veces no son comunes y producen incumplimientos en determinados supuestos".

“Determinados gestores públicos creen que la ley de contratos está hecha para no aplicarse“

No obstante, Álvarez de Miranda también ha reconocido que se dan algunas contrataciones que "se derivan de que determinados gestores públicos consideran que la legislación de contratos está hecha para no aplicarse". "Esto lo he podido oír a más de un gestor público que no tiene vergüenza en decirlo, aunque debería tenerla, pero en fin", ha apostillado.

A renglón seguido, ha relatado las "numerosas" deficiencias detectadas en los contratos del sector público estatal firmados en el año 2012, el primero del Gobierno de Mariano Rajoy, tanto en aspectos formales de la remisión de la documentación como en la propia elaboración de los pliegos de condiciones o los contratos.

Así, ha destacado las "significativas omisiones" y "numerosas deficiencias" en el contenido de la documentación enviada al Tribunal, tanto por ser incompleta como por llegar fuera de plazo. "Son significativos especialmente los incumplimientos y demoras en el envío de comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución de los contratos, así como sobre la finalización de los mismos", ha precisado.

Además, existe un "número significativo" de expedientes que no concretaban cómo debían acreditar su solvencia las empresas europeas no españolas, y que en la mayoría de contratos adjudicados por procedimiento abierto se observaron, "un ejercicio más", diversas incidencias que "no resultan acordes con los principios de eficiencia, economía y transparencia".

Como ejemplos, ha citado la utilización como criterio de adjudicación de las mejoras que ofertan los licitadores sin determinar previamente de forma adecuada su contenido y extensión, la falta de precisión suficiente del método de valoración de los criterios cualitativos de adjudicación, o la inclusión de límites máximos en las rebajas económicas, que "desincentivan" a las empresas a ofrecer mejores precios.

Procedimiento negociado sin publicidad

Por su parte, las adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad no incluían los aspectos técnicos y económicos que serían negociados, y en la mayor parte de los casos existía un acuerdo previo entre la Administración y la empresa, de modo que no estaba justificado adecuadamente el uso de este procedimiento o se había hecho de forma "excesivamente genérica".

Álvarez de Miranda ha criticado además que la mayoría de expedientes del sector público estatal en 2012 no incluía una preferencia para empresas que implementan medidas para promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como estipula la ley.

Con respecto a la fase de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, el organismo fiscalizador ha detectado un "número significativo" de expedientes en los que "no se acreditó suficientemente la necesidad de la operación, ni la insuficiencia de medios personales y materiales" para contratar con el sector privado en lugar de hacerlo con medios propios, ni hubo un estudio económico que comparara qué era más barato.

Fijación deficiente de precios

Además, las mesas de contratación no motivaron de forma suficiente en muchos casos la forma de aplicar los criterios de valoración, los precios del contrato se fijaron de forma deficiente y se utilizó de forma "indebida" el contrato complementario para no convocar otro concurso, aunque en este sentido el presidente ha reconocido una "significativa mejora" respecto de otros años.

"Podría ser interesante realizar un informe sobre los modificados de contratación, que ofrecería más información sobre el sector público", ha reconocido Álvarez de Miranda.

En cuanto a la fase de ejecución, ha señalado que en general se cumplieron las normas legales sobre el plazo de pago, salvo en el sector público empresarial no financiero, donde sí se detectaron "sensibles retrasos". Sin embargo, el Tribunal no recibió todas las facturas justificativas de pagos y a veces se pagó más de lo facturado.

Igualmente, se dieron casos en los que no constaba el acta formal de recepción del objeto del contrato y hubo retrasos en la ejecución de los servicios, "no constando que la entidad contratante hubiera procedido a la resolución del mismo o a la efectiva exigencia de las penalidades correspondientes".

Diligencias preliminares sobre algunos contratos

En su turno de réplica, el presidente del organismo fiscalizador ha señalado que se han abierto diligencias preliminares sobre algunas actividades de contratación y algunos organismos del sector público, encaminadas a "determinar las presuntas responsabilidades contables" que se podrían derivar de "operaciones irregulares" detectadas durante la fiscalización.

Además, el pasado 14 de abril se remitió a la Fiscalía Provincial de Madrid una serie de testimonios particulares sobre algunas operaciones en el ámbito de la contratación que pudieran suponer "ilícitos o irregularidades penales", si bien Alvarez de Miranda ha remitido a la Fiscalía y la Abogacía General del Estado para obtener más información al respecto.

“El PSOE denuncia decenas de irregularidades penales y prevaricación administrativa“

En el turno de intervenciones, el diputado socialista Jaime Javier Barrero López ha valorado que se someta a fiscalización el sector público y donde no debería haber ninguna irregularidad penal, ha dicho, "hay decenas".

Barrero ha precisado que falta justificación en la ejecución de contratos en Navantia, en el Banco de España, en la Fábrica Nacional o en Renfe y ha asegurado que hay contratos de seguros que se usan de "manera torticera" para abonar indemnizaciones por despido, que más tarde se reconocen como improcedentes.

En definitiva, el diputado socialista ha avanzado que, según el Ministerio Fiscal, se podría estar en presencia de "prevaricación administrativa".