El Supremo cuestiona la constitucionalidad del plan de ajuste de Castilla- la Mancha

• Cuestiona el incremento de jornada a los funcionarios y la reducción salarial
• También la supresión del complemento por incapacidad temporal
• La ley fue recurrida por los sindicatos CC.OO y UGT

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, junto al vicepresidente primero de Globalcaja, Carlos de la Sierra.

El Tribunal Supremo cuestiona la constitucionalidad de varios artículos de la ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2012 y pide pronunciamiento al Tribunal Constitucional.

En el auto, el Supremo plantea dudas sobre los artículos relacionados con el incremento de jornada a los funcionarios, la reducción salarial y los ajustes en la prestación por Incapacidad Temporal.

En concreto, el recurso se refiere al aumento de la jornada laboral de los empleados públicos en dos horas y media semanales, de las 35 a las 37,5 horas; a la reducción salarial del 3 % y a la supresión del complemento por incapacidad temporal.

"Esta Sala alberga serias dudas sobre acomodación constitucional de la norma a aplicar sin que sea factible en este caso explorar distintas vías interpretativas", expone el tribunal.

La ley fue recurrida por CC.OO y UGT

La ley para la aplicación de este plan fue recurrida por los sindicatos CC.OO y UGT y, en su pronunciamiento, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo atiende a los razonamientos de CC.OO en su recurso de casación.

Los sindicatos plantearon la cuestión de constitucionalidad por entender que la ley autonómica se excede en sus competencias con la aplicación de estos ajustes, que el Ejecutivo regional justificó en la necesidad de reducir el elevado déficit de la comunidad.

Así, los sindicatos expusieron que la normativa básica estatal integrada por el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y el Real Decreto sobre congelación salarial del 20 de diciembre de 2011 es de aplicación preferente a la ley autonómica.

Argumenta que, "sólo de entenderse que el legislador autonómico respeta su marco competencial, cabrá aplicar la norma controvertida", aunque plantea "serias dudas" sobre este hecho. Por todo ello, el Supremo considera que debe plantear cuestión de inconstitucionalidad.

La Junta quita importancia al auto del Supremo

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha afirmado que es "mínima" la importancia del auto del Tribunal Supremo porque no entra en el fondo del asunto y ha considerado "malintencionado" sacar conclusiones.

Además, ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha, "en multitud de ocasiones, en distintos tribunales", ya ha ganado sobre el fondo de este asunto, "la última por ejemplo en el Tribunal Superior de Justicia de la región".

Con ello, ha dicho que esperan "volver a ganar" porque tiene "la seguridad de que la medida es perfectamente legal" y, por ello, ha lamentado que quienes "mienten sobre lo que dice el auto fueron los mismos que no vieron una crisis económica y que hoy niegan la recuperación que se está dando".

Los sindicatos creen que el Gobierno de Cospedal está "derrotado"

El coordinador del Sector Autonómico de la FSC de CC.OO, Ramón González, ha opinado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal está "derrotado" y ha reclamado a la presidenta regional que "antes de irse", tras los comicios de mayo -ha augurado-, retire el plan de ajuste.

Por su parte, la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Campoy, ha dicho que el auto "ratifica la crónica de una inconstitucionalidad anunciada".