El exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández afirma que "nunca hubo un ERE falso"

• Fernández ha declarado este jueves en el Tribunal Supremo
• Su declaración se produce por petición de los fiscales

El exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández afirma que "nunca hubo un ERE falso"

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ha declarado este jueves que "nunca hubo un ERE falso" en aesta comunidad autónoma y que los ciudadanos han recibido las ayudas sociolaborales acordadas dentro de la legalidad.

Antonio Fernández ha realizado estas manifestaciones a los periodistas a su salida del Tribunal Supremo donde ha declarado este jueves por la mañana ante el magistrado instructor del caso de los ERE Alberto Jorge Barreiro.

Sobre la afirmación del expresidente andaluz José Antonio Griñán sobre la existencia de "un gran fraude", ha dicho que es algo que "no se sostiene" porque en torno a un "99 por ciento de las ayudas sociolaborales a trabajadores" tienen "legalidad absoluta", ya que "se pagaron, se están pagando y se pagarán". Fernández también ha subrayado que "la normativa sigue en vigor" y que "nada que es ilegal dura diez años".

Fernández ha calificado el interrogatorio de Barreiro de "más fácil" que los realizados ante la juez Mercedes Alaya que se ha prolongado poco más de dos horas. En ese tiempo ha sido interrogado por los trámites de concesión de los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía y otras ayudas socio-laborales.

Según fuentes presentes en la declaración, que la han calificado de "sólida e intensa", Fernández ha insistido en que el convenio marco que dio origen a las ayudas no planteó problemas durante los diez años que estuvo en vigor y que no fue cuestionado por nadie a pesar de ser de público conocimiento.

Se trataba de un documento que circulaba por todas las Consejerías y que iba junto con las propuestas de modificación presupuestaria, aunque a preguntas concretas del instructor ha reconocido que no puede asegurar que todos los responsables lo hubieran leído.

Imputado también en la investigación que lleva la juez Alaya

El exconsejero de Empleo, que está imputado en la investigación del fraude con los ERE seguida en un juzgado de Sevilla, permaneció en prisión cuatro meses por orden de la juez Mercedes Alaya, que le atribuyó varios delitos, entre los que figuran prevaricación y malversación de fondos públicos y otros relacionados con un supuesto enriquecimiento ilícito.

La declaración de Fernández se ha producido por petición de los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar y, como ya está imputado en la causa que tramita la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha sido llamado ante el alto tribunal en la misma situación procesal, por lo que debe comparecer asistido de letrado y no tiene obligación de decir verdad.

La declaración de Fernández llega tras la primera ronda de interrogatorios a los cinco aforados ante el Alto Tribunal --los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los diputados y exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera y la senadora y también exconsejera Mar Moreno-- y después de que este pasado martes también declarara el exinterventor Manuel Gómez, también imputado y que aseveró ante el juez que la Intervención alertó de las irregularidades en el sistema pero que el Gobierno andaluz "miró para otro lado" e hizo "oídos sordos" a las advertencias.

Ha comparecido varias veces ante la juez Alaya

Fernández ha comparecido en varias ocasiones ante la juez Alaya, la última este mismo martes cuanto el exconsejero de Empleo, al igual que otros 13 ex altos cargos, se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

La primera declaración de Fernández ante Alaya se produjo hace justo tres años, en abril de 2012, tras la cual la juez ordenó su ingreso en prisión sin fianza al considerarle uno de los artífices del sistema que presuntamente permitió el reparto de ayudas sin control ni publicidad. En julio del mismo año la Audiencia de Sevilla autorizó su salida de la cárcel bajo una fianza de 450.000 euros, una cantidad que el exconsejero reunió finalmente y que le permitió abandonar la prisión el 10 de agosto. Fernández ha sido el excargo más alto de todos los imputados por los ERE que ha llegado a entrar en prisión.

En su declaración ante la instructora, Fernández aseveró que fue su antecesor en la Consejería, José Antonio Viera, quien, en 2001, adoptó la "decisión" de la que nació el convenio que supuestamente se utilizó como instrumento para que los fondos de la partida presupuestaria 31L esquivasen las fiscalizaciones propias de las subvenciones excepcionales. No obstante, Fernández defendió que no le constaban directrices de Viera para que las ayudas favoreciesen especialmente a personas o zonas.

El exconsejero también manifestó que tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán en sus roles de presidentes del Gobierno andaluz "conocían el procedimiento establecido porque estaba en el presupuesto" a través de la partida 31L.

En aquella ronda de declaraciones, Fernández también desveló que un informe emitido en 2008 por la agencia IDEA y refrendado por la Intervención General de la Junta avaló y consideró "correcto" el convenio marco suscrito en 2001 por el que se regularon las ayudas irregulares investigadas.

Aquella declaración del exconsejero ante Alaya fue sumamente tensa e incluso se tornó en discusión entre ambos en una de sus jornadas, cuando la magistrada, ante las evasivas del imputado, le pidió que no se anduviera "por las ramas" y asumiera "su responsabilidad" como consejero al entender que "tenía que estar al tanto" de lo que ocurría con las ayudas investigadas.