Urdangarin dice que la Administración era la responsable de los contratos con Nóos

• Dice que no tuvo "margen negociador" con los gobiernos con los que trabajó
• Añade que las administraciones redactan los contratos "de forma unilateral"
• Castro pide listados de bienes para embargar a los acusados del caso Nóos

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en una imagen de archivo

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, descarga en la Administración pública las presuntas ilegalidades cometidas con la contratación del Instituto Nóos para la celebración de unos eventos por los que la entidad cobró hasta 6,2 millones de euros, tras asegurar que el instituto no tuvo "margen negociador" con los gobiernos balear, valenciano y madrileño.

Así lo pone de manifiesto en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que subraya que es la Administración pública la que disfruta de un "imperium" y de "poderes exorbitantes" ajenos a los particulares que contratan con ella, y que le permiten configurar y redactar sus contratos "de forma unilateral".

Listados de bienes para ser embargados

Por otro lado, el juez del caso Nóos, José Castro, ha iniciado los trámites para ejecutar las fianzas de responsabilidad civil a los acusados que no las han cubierto, incluida la infanta Cristina, solicitando que aporten un listado de bienes susceptibles de embargo.

Castro fijó fianzas por la posible responsabilidad pecuniaria por un total de 61,35 millones de euros para los acusados en esta causa de presunta corrupción en torno al Instituto Nóos.

En el caso de Iñaki Urdangarin, la cuantía que marcó es de 13,6 millones de euros y para la infanta asciende a 2,7 millones. Urdangarin y su exsocio Diego Torres ya depositaron durante la fase de instrucción de la causa una fianza conjunta de 5,9 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades.

Urdangarin reclama que Nóos sea juzgado por la Audiencia Nacional

Urdangarin invoca en su escrito de defensa que la competencia para juzgar a los 18 acusados del caso Nóos corresponde a la Audiencia Nacional, y no a la Audiencia Provincial de Baleares, donde se prevé celebrar la vista oral a raíz del presunto desvío de más de seis millones de euros públicos y la supuesta defraudación a Hacienda por parte de varios de los procesados, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina.

En su escrito, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, señala que será en las cuestiones previas -al inicio del juicio- cuando se acoja a la jurisprudencia que establece en siete millones de euros la cuantía mínima para que se pueda considerar que una defraudación pueda producir "una grave repercusión en la economía nacional", lo que correspondería ser juzgado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Precisamente, el presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez-Reino, estimó recientemente que la vista oral podría durar unos "tres o cuatro meses", durante los cuales el juicio se desarrollará "de forma intensa" sin que éste "afecte" al trabajo ordinario de este órgano judicial.

Se da la circunstancia de que en 2012 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó asumir la competencia de la investigación en torno al Instituto Nóos, tras así haberlo solicitado el expresidente del Govern Jaume Matas, al alegar que la presunta "defraudación" llevada a cabo a través de Nóos no se provocó "ni grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, ni en la economía nacional ni un perjuicio a un gran número de personas en distintos territorios".