Dos exviceconsejeros de la Junta exculpan a Gaspar Zarrías en el caso de los ERE

• Han declarado ante el juez del caso de los ERE en el Tribunal Supremo
• Han comparecido como testigos a petición del propio Zarrías y de Griñán
• Aseguran que la comisión presidida por Zarrías no tenía poder legislativo

El exviceconsejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía Luis García Garrido, a su llegada al Tribunal Supremo.

Dos exviceconsejeros de la Junta de Andalucía han declarado este martes ante el juez del caso ERE en el Tribunal Supremo que la Comisión de Viceconsejeros que presidía el exconsejero Gaspar Zarrías no tuvo ni iniciativa legislativa ni capacidad de veto sobre las normas que regularon estas ayudas.

Los dos comparecientes han declarado como testigos, y por lo tanto con la obligación de decir verdad, ante el juez Alberto Jorge Barreiro, el magistrado que investiga en el Supremo el fraude de los ERE.

Ambos han comparecido a petición de las defensas del expresidente José Antonio Griñán y del exconsejero Gaspar Zarrías, cuya versión han confirmado, según fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Exculpan a Zarrías y a Moreno

Así, el exviceconsejero de Obras Públicas Luis García Garrido y el que también fuera viceconsejero (en su caso de Bienestar Social) José María Oliver Pozo han declarado este martes que esa comisión, que presidieron Zarrías y la senadora Mar Moreno, no tenía poder político, una versión que aparentemente exculpa a ambos.

Garrido, que fue miembro de la Comisión General de Viceconsejeros, ha declarado durante más tiempo que Pozo (exsecretario del consejillo), porque ha respondido primero a las preguntas del instructor, a quien han explicado que los presidentes de la comisión no tenían poder para imponer sus criterios ni voto de calidad.

Durante aproximadamente hora y media los dos comparecientes han declarado que a la comisión llegaban iniciativas legislativas de las consejerías, las cuales etiquetaban con color verde, cuando no requerían más que una tramitación directa hacia el Consejo de Gobierno, o rojo, cuando debían asegurarse de que contaban con los informes preceptivos y otras condiciones legales.

Así ocurrió por ejemplo -y siempre según las fuentes jurídicas presentes en la declaración- con el decreto del año 2000 que regulaba las ayudas sociolaborales. Este proyecto fue retenido aunque contaba con los informes de la intervención pero no con todos los necesarios: lo paralizaron y, tras un año de espera, como la Consejería de Empleo no recuperó la iniciativa, desestimaron su tramitación.

Luis García Garrido ha recordado cómo durante su etapa como consejero de Obras Públicas se tramitaron varias transferencias de financiación, la misma figura legal usada para pagar los ERE, sin que resultaran polémicas.