El Parlamento francés aprueba la polémica ley de espionaje antiterrorista
- Regula las escuchas telefónicas y el seguimiento en Internet
- Algunas asociaciones consideran que atenta contra los derechos humanos
Los diputados franceses han aprobado este martes con 483 votos a favor y 86 en contra la nueva ley de espionaje impulsada por el primer ministro, Manuel Valls, que en nombre de la lucha antiterrorista regula las escuchas telefónicas y el seguimiento de internet, entre otras medidas
El polémico texto, que asociaciones de derechos humanos consideran "liberticida", ha contado con el respaldo de la mayor parte del gubernamental Partido Socialista (PS) y de la conservadora UMP, las dos principales formaciones del arco parlamentario.
El nuevo texto pretende poner al día una ley que data de 1991 y que regula las escuchas telefónicas, el seguimiento de internet pero también otros tipos de espionaje, como el uso de instrumentos para localizar vehículos y personas. También autoriza el uso de micrófonos escondidos, cámaras ocultas y programas espía. Además, el Gobierno tendrá la posibilidad de reclamar datos a las operadoras de internet para analizar el flujo de tráfico que permita detectar una amenaza terrorista.
La ley había iniciado su trámite parlamentario pocos días después de los atentados que sufrió París en enero pasado, pero Valls señaló que llevaban dos años trabajando en ella. La norma fortalece el poder de los servicios de inteligencia con el objetivo de evitar ataques yihadistas.
Críticas a la vigilancia "masiva"
Organizaciones en defensa de los derechos humanos critican que se avale la vigilancia masiva y censuran que conceda tanto poder al Estado.
"Los representantes del pueblo francés han dado al primer ministro el poder de llevar a cabao una vigilancia masiva y sin límites de la población. Al hacerlo, están asegurándose de que el poder del Estado y la base de nuestro sistema democrático se están distancian cada vez más entre sí", ha señalado uno de estos grupos de abogado, La Quadrature du Net.
Por otro lado, el texto ha sido muy criticado por asociaciones de magistrados, que consideran que se deja fuera del ámbito judicial el seguimiento de los sospechosos.
La ley prevé la creación de una comisión, compuesta de magistrados del Consejo de Estado y del Constitucional, además de parlamentarios, para controlar la pertinencia de esas escuchas y seguimiento.